Hace algunos días vimos el malestar del gremio del transporte público en Puerto Montt ante la disminución relevante de la demanda que están experimentando como consecuencia de la crisis sanitaria, y el escaso apoyo del Gobierno para enfrentar esta situación.
Esto se ha traducido en una disminución significativa en la frecuencia de los buses, impactando el servicio que reciben los usuarios (por ejemplo, con mayores tiempos de espera), y en una posibilidad cierta de parar la actividad.
Este problema desafortunadamente es estructural. Como contexto, en período de normalidad el 32% de los viajes se realizan en transporte público (taxibuses y taxis colectivos) en Puerto Montt, representan una proporción importante de los viajes de la ciudad (Encuesta Origen Destino, 2014).
Por otro lado, las empresas de transporte público se encuentran muy atomizadas, con vehículos muy antiguos (10 años promedio para taxibuses, según MTT) e infraestructura precaria, siendo financiado casi íntegramente por la tarifa que pagan los usuarios, a diferencia de otras ciudades, como Santiago, que presenta un importante nivel de subsidio. Esto se traduce, finalmente, en un sistema con alta fragilidad económica y en una demanda de pasajeros que recibe un bajo nivel de servicio.
¿Qué se debiera hacer? A corto plazo, el Estado debiera garantizar su operación. A largo plazo, se debe incorporar al menos un medio de transporte público de alto estándar en las principales ciudades del país, incluyendo Puerto Montt. Estoy pensando, por ejemplo, en buses eléctricos (o tranvía) en corredores exclusivos, con paraderos de alto estándar (tipo estaciones). Guardando las proporciones, sería algo así como un metro de superficie. Este sistema debiera estar integrado tarifariamente con taxibuses y taxicolectivos, siendo apoyado económicamente por el Estado.
Los resultados muestran una falta de planificación, donde el transporte público no ha estado en el centro. Se entiende la limitación de recursos, pero no la ausencia de proyectos estructurales de transporte público en el largo plazo. En cambio, la discusión se traslada a invertir o no en autopistas urbanas (Ej: Autopista Metropolitana de Puerto Montt), que como muchos saben, han fracasado como solución a nivel mundial, o en mejoras marginales del transporte público.
Mi recomendación para la ciudad es la siguiente: las autoridades locales deben trabajar activamente con el Gobierno en la elaboración de un plan de transporte de largo plazo, que incluya los aspectos señalados, y en un plan de inversiones asociado a éste, que sea conocido por la ciudadanía.
Un incentivo de este tipo al transporte masivo permitirá atenuar la congestión de la comuna, que ha aumentado significativamente en los últimos años, y mejorar la calidad de vida de todos los puertomontinos.
Federico Casanello Frisius
Decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad San Sebastián
