· Cuesta entender, en este contexto, la irracional alza de los avalúos de predios agrícolas.
En el mes de marzo, el Estado declaró al agro como un servicio esencial para enfrentar la pandemia mundial de coronavirus Sars Cov-2, bajo la premisa de que la primera prioridad respecto a los alimentos la tiene Chile y los chilenos.
Con esta finalidad, al alero del Ministerio de Agricultura comenzó a funcionar la mesa del Comité Seguro de Abastecimiento, donde participan las confederaciones campesinas, gremios, transportistas, los mayoristas y feriantes que permiten abastecer al 70% de los habitantes del país.
La tarea no ha sido sencilla. Para cumplir con nuestro deber y compromiso con el país, hemos debido establecer estrictos protocolos sanitarios para asegurar nuestra operación, cuidando al mismo tiempo de nuestra salud, lo que incluye protecciones personales como mascarilla, bloqueadores, overoles, lavado de manos y el acondicionamiento de baños para higienizarse, como asimismo la desinfección de herramientas, la manipulación de los alimentos en los packing y el transporte. Y no sólo eso. Los vehículos que movilizan personal han debido rebajar a la mitad su capacidad y deben ser permanentemente fumigados y desinfectados las micros y furgones.
Al mismo tiempo, en un escenario de disminución del intercambio de bienes, nuestros productos exportables enfrentan un complejo panorama que afecta la proyección de la actividad hacia el futuro.
Todo esto, sumado al aumento de los tiempos de traslados, han generado necesarios, pero importantes aumentos en nuestros costos de producción que hemos asumido con la responsabilidad de quien quiere contribuir con su trabajo a evitar la escasez de alimentos o una significativa alza del costo de los mismos para las familias chilenas.
Cuesta entender que un Estado que dice comprender la importancia estratégica de la seguridad alimentaria, pueda lanzar al mismo tiempo una irracional alza de más de un 100% en algunos casos, de los avalúos de los predios agrícolas que, por una parte, fijan los montos de las contribuciones a los bienes raíces y, por otra, establecen la base imponible en los pequeños y medianos contribuyentes agrícolas que tributan bajo Renta Presunta.
El error es manifiesto, ya que la medida no tiene relación con la rentabilidad del sector ni con anteriores valorizaciones realizadas incluso a las propiedades urbanas y, por ello, esperamos que la decisión se retrotraiga, para darle al agro las condiciones mínimas que le permitan seguir cumpliendo con su tarea. Presidente, como dice el refrán: “no se juega con el dinero del pan”.
Christian Arntz Mac-Evoy
Presidente Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G.
