Desde que el Gobierno informó la situación que deberíamos enfrentar por la Pandemia del COVID-19, nuestro sector productor de alimentos de Chile coordinó su trabajo para asegurar el suministro durante las cuarentenas que vendrían.
Esta coordinación involucró a los productores primarios, la industria procesadora y logística, los distribuidores, entre otros eslabones fundamentales de la cadena virtuosa que, con mucho esfuerzo, ha mantenido la colocación de alimentos a lo largo del país.
En la cadena láctea, nuestro objetivo fue transmitir a los productores, fábricas y trabajadores del sector la gravedad de la situación y las medidas que serían necesarias para, en lo posible, evitar o al menos disminuir los contagios en los procesos considerados críticos para los distintos sectores y rubros. Es así como, a solicitud de la autoridad, se generaron una serie de protocolos que mostraban los procedimientos y prácticas a realizar, y que debían cumplirse obligatoriamente al interior de cada unidad productiva, si se quería seguir operando.
Los efectos de una interrupción de la cadena alimentaria en el país, más allá de la contingencia, podrían ser muy graves en un territorio cuyo sector alimenticio es el segundo en importancia.
El nivel de la emergencia obligó a acelerar los tiempos de acción y decisión. Y asumimos el desafío. Es así como, desde la declaración de Estado de Catástrofe por parte del Presidente de la República, el jueves 19 de marzo, en apenas 72 horas, la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, en conjunto con importantes empresas elaboradoras de lácteos, realizaron el primer protocolo general, que fue distribuido en la noche del domingo 22 y, apenas dos días después, se entregaron las instrucciones para iniciar las capacitaciones a los trabajadores.
Para quienes colaboramos en el sector alimentario, no nos causa sorpresa la celeridad de las medidas, porque entendemos que estos sectores económicos (agrícola, pecuario, silvícola y acuícola) basan su trabajo con seres vivos, por lo que la interrupción de las tareas de sus empresas pone en riesgo la vida de los mismos animales y plantas, y la sostenibilidad de éstas, con un tiempo indeterminado de recuperación.
En particular, la ordeña de vacas lecheras debe realizarse dos veces al día. Y la falla en este proceso se puede traducir en inminentes enfermedades que en pocos días significarían la muerte de los ejemplares. Además de la pérdida inmediata de la producción, la recuperación de los animales productivos tomaría varios años, con evidentes consecuencias.
A lo anterior debe agregarse que la aparición de casos COVID-19 en lecherías sería especialmente compleja dado el bajo número actual de colaboradores del rubro, el que bordea los tres trabajadores promedio por empresa en la Región de Los Lagos (estudio de caracterización de productores lecheros de la provincia de Llanquihue, SERCOTEC-Agrollanquihue, 2014), por lo que la posibilidad de reemplazos es muy baja.
Como se ve, la necesidad de mantener alejado el virus de los centros de producción y elaboración de alimentos es fundamental desde un punto de vista de la seguridad alimentaria del país; algo que la autoridad ha entendido trabajando mancomunadamente con nuestro sector productivo, difundiendo campañas de concientización sobre el problema.
Por: Eduardo Schwerter, Presidente de Fedeleche y Agrollanquihue
Rodrigo Mardones, Presidente del PTI Leche Los Lagos/Gerente de Agrollanquihue
