Para ayudar a mitigar las consecuencias económicas del Covid-19, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera anunció en marzo pasado un plan económico de emergencia que ya se ha materializado en diversas leyes de apoyo a las familias de menores ingresos.
Como continuación de este plan, hoy ingresó a trámite, y con urgencia calificada de discusión inmediata (seis días para el trámite), el proyecto (boletín 13461) que entrega un ingreso familiar de emergencia (IFE) a aquellos grupos familiares cuyos ingresos dependen de fuentes informales y, por tanto, no pueden acceder a los beneficios de otras leyes, como la ley de protección al empleo.
El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, presentó el contenido de la propuesta ante la Comisión de Desarrollo Social, enfatizando que se trata de “un compromiso fiscal” importante y con un aumento del número de posibles beneficiarios, dejando solo como registro de exclusión a la población de mayores ingresos del país.
De tal forma, este beneficio se focalizará en los hogares del 90% más vulnerable de la población nacional de acuerdo a la Caracterización Socioeconómica considerada en la Ley 20379 y que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable de acuerdo al Indicador socioeconómico de Emergencia, que será elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Para poder optar al IFE, los integrantes del hogar no pueden percibir pensiones de ninguna naturaleza, rentas de trabajo, remuneraciones, seguro de cesantía o subsidios de incapacidad laboral, salvo que la suma de estos ingresos sea inferior al monto que correspondería en la presente propuesta legal para la población del 40% más vulnerable y, en cuyo caso, el aporte será la mitad del aporte establecido para dicho sector.
El ministro recalcó que esta medida busca extender el universo de beneficiarios que están en general excluidos de las políticas sociales por el hecho de tener algún ingreso, aunque este no sea suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar familiar.
Asimismo, el ingreso al registro será flexible de manera de recoger aquellos casos que han ido perdiendo sus ingresos en los últimos meses producto de la pandemia y cuya información socioeconómica pueda no estar actualizada. De hecho, para optar al ingreso de emergencia, este debe ser solicitado por algún integrante mayor de edad del grupo familiar.
Montos del ingreso
El proyecto plantea que para el 40% más vulnerable de este grupo, el aporte para el primer mes será de 65 mil pesos por persona (no carga) integrante de un hogar de hasta cuatro personas y llegará a un tope máximo de 494 mil pesos cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
En el caso de los hogares ubicados entre el 40 y el 60%, el monto del beneficio será de dos tercios del aporte definido anterior, es decir unos $43.333 pesos por persona, con un aporte máximo de $329.333 pesos.
En el caso de los hogares beneficiarios que tengan ingresos parcialmente informales, corresponderá al 50% de lo que recibiría una familia sin ingresos formales con el mismo número de integrantes y vulnerabilidad socioeconómica. De tal forma, el aporte será de $32.500 pesos por persona con un tope máximo de $247 mil pesos.
El informe financiero del proyecto plantea un costo fiscal de aproximadamente 300 millones de dólares mensuales, ya que el Gobierno estima que el bono podría beneficiar a 1,7 millones de hogares del país, con una población potencialmente beneficiada de 4,3 millones de personas.
La instancia acordó recabar opiniones de diversos expertos en materia social antes de votar el proyecto.
Fuente: camara.cl
