Proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y desarrollo rural
Desde los arreglos institucionales de fines de los ’60 y principios de los ’70, que llevaron a la creación de la Corporación Nacional Forestal, el sector forestal no ha experimentado cambios que apunten a una modernización institucional.
Pese a lo anterior, el sector y su administración ha crecido y se ha complejizado en estos últimos cincuenta años. Solo por mencionar un ejemplo, el cambio climático ha puesto de manifiesto la importancia de los bosques no solo como proveedor de bienes, sino también como recurso estratégico para la provisión de servicios ecosistémicos y la mitigación de las emisiones de CO2. Igualmente, el sector forestal ha experimentado un crecimiento acelerado en este período en términos de montos exportados, países de destino y participación en el PIB Nacional.
Para enfrentar este crecimiento, distintas iniciativas legales han intentado, sin resultados, generar una nueva institucionalidad forestal (1984, 1998, 2011, 2017), centradas principalmente en contar con un servicio forestal público, pero también con una subsecretaría forestal (1998).
Pese a lo anterior, la tendencia en la última década apunta a un debilitamiento de la gestión forestal al interior del Ministerio de Agricultura. Este debilitamiento se manifiesta en aspectos concretos como es la ausencia de un instrumento de fomento a la forestación por casi una década y resultados decepcionantes de manejo de bosque nativo en igual período. Estos resultados hacen casi imposible el cumplimiento de los recientes compromisos NDC asociados al Acuerdo de París para el año 2030. Siendo el sector forestal un actor protagónico de las estrategias para enfrentar el cambio climático, esto representará un sonoro fracaso para el país.
Este debilitamiento también es institucional y afecta la componente de protección de la biodiversidad al interior del Ministerio de Agricultura. En efecto, el año 2013 se modificó el DS 294/1960 que establece sus funciones y estructura. La modificación buscó reducir la función del Ministerio de Agricultura exclusivamente a los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario y trasladar competencias más amplias sobre los recursos naturales al Ministerio de Medio Ambiente, como paso previo a la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Esta modificación no consideró la imposibilidad de gestionar los bosques de manera separada. Los bosques nativos son recursos naturales de importancia económica, social y ambiental y no pueden considerarse restrictivamente solo como recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, para efectos de su gestión. No hubo una reflexión previa sobre esta modificación y, por lo tanto, se anticipan conflictos de competencias entre la administración del servicio forestal y la eventual futura administración del Ministerio del Medio Ambiente a través de Servicio de Biodiversidad. Los bosques nativos y su gestión serán el eje de esta disputa.
El debilitamiento del ámbito forestal se ratifica al constatar que el proyecto de ley contempla una Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, además de la incorporación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, pero no contempla la creación de una Subsecretaría Forestal.
Esta es una importante omisión del proyecto de ley. Una Subsecretaría Forestal se justifica tanto por los desafíos que el sector enfrenta en materia de cambio climático, metas de carbono neutralidad 2050 y otros compromisos internacionales, como por el peso que el sector tiene dentro de la economía nacional.
La actividad forestal representa un 2,1% del PIB nacional, en comparación a la pesca, que representa un 0,6%. Además, la incorporación del sector alimentos a la actual Subsecretaría de Agricultura, significará una mayor postergación del sector forestal en la gestión de dicha unidad, aún mayor a la que actualmente sufre.
Lo anterior implicará que, en la práctica, CONAF actúe como entidad púbica principal del sector, lo que es inadecuado.
Es inadecuado ya que la Corporación Nacional Forestal es en la actualidad quien diseña, ejecuta y evalúa las políticas, planes, programas y normativas del sector forestal; lo que no resulta eficiente, ni transparente, dado que le corresponde evaluar su propio desempeño, identificar sus deficiencias y corregirlas, sin una mirada externa. Finalmente, el diseño e implementación de la política forestal termina ajustándose a su propia mirada y los desafíos del sector se ajustan a su institucionalidad y no la institucionalidad a los desafíos del sector.
El servicio forestal debe limitarse a implementar las políticas definidas por otra instancia superior, de la que el sector forestal carece. La Subsecretaría de Agricultura no es la instancia superior que el sector necesita.
Este proyecto de ley es la ocasión para corregir esta omisión que ya resulta crónica. La oportunidad de hacer del sector forestal el protagonista de la estrategia de cambio climático a nivel país no se concretará con el actual arreglo institucional que posee y que limita su potencial.
