La Contraloría General de la República se pronunció esta tarde respecto al instructivo divulgado por el Gobierno el pasado 17 de abril, en el que ordenaba el «retorno gradual y seguro» para que los funcionarios públicos retomaran las actividades presenciales. En el dictamen N° 9.762, con fecha del 10 de junio de 2020, el ente fiscalizador estableció como ilegal dicho oficio y sostuvo que la Dirección Nacional del Servicio Civil «carece de atribuciones» para haberlo emitido.
De acuerdo al organismo, la ley establece que las competencias del Servicio Civil «se relacionan con la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos», y no así con la materia del instructivo, «el cual básicamente se refiere a un plan de retorno gradual de los funcionarios públicos».
En ese sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia, Contraloría enfatiza que es el jefe superior de los respectivos servicios «quien posee las facultades de dirección, administración y organización, por lo que corresponde a esa superioridad, en la actual situación de emergencia, adoptar, mantener, graduar o cesar las medidas extraordinarias de gestión de personal necesarias».
Todo esto, «considerando la obligación de proteger la salud de sus funcionarios y la población usuaria, sin desatender la continuidad del servicio, observando siempre las directrices que fije la autoridad sanitaria», agrega el ente fiscalizador.
La publicación del instructivo en cuestión ya había abierto controversia entre el Gobierno, oposición y especialistas, considerando que en esa fecha el virus estaba en plena etapa de propagación y aún faltaban semanas para se alcanzara el peak.
Asimismo, establecía que el plan debía ejecutarse de forma gradual entre abril y mayo, e incluía a todos los funcionarios públicos que no se encontraran haciendo uso de licencias médicas o dentro de los grupos de riesgo.
