Hasta hace pocas semanas, una de las preocupaciones constantes de Gendarmería era evitar el ingreso clandestino de celulares al interior de los penales. Sin embargo, la contingencia generada a raíz del coronavirus ha obligado a modificar los protocolos penitenciarios y, entre estos, las políticas sobre los teléfonos móviles.
Esta adecuación tiene su origen en la decisión del Ministerio de Justicia y Gendarmería de suspender las visitas que recibían los presos, con el objetivo de frenar la propagación del virus en los penales. Hasta ayer, había 559 reos y 718 funcionarios con Covid-19. Así, para que los internos pudiesen seguir en contacto con sus familias se estableció -de forma excepcional- que puedan hablar con ellas a través de celulares, proveídos por sus cercanos.
Según la entidad penitenciaria, ya se han ingresado 1.983 de estos equipos a los 85 penales a nivel nacional, desde el pasado 30 de abril.
La puesta en práctica de esta iniciativa fue determinada por Gendarmería en el documento “Procedimientos de visitas virtuales mediante teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios”. Para ingresar un celular, según el instructivo, el reo debe pedirlo por escrito al jefe de régimen interno e identificar a la persona que le pasará el aparato. Si se acepta el requerimiento, el familiar deberá dejarlo a personal de Gendarmería junto a una declaración jurada, sin firma notarial, además de una fotocopia de su cédula de identidad.
Los equipos, dice el documento, pueden ser usados solo durante horas y días destinados a la realización de las visitas en una sala a cargo de personal penitenciario. En general, son dos a tres días a la semana, por un período de dos horas en promedio. Mientras los celulares estén en custodia, deberán quedar apagados.
“La implementación del uso de celulares particulares en horarios de visita no ha generado dificultades que no podamos superar. El uso está regulado desde la recepción del aparato hasta su destino final. De observar alguna situación sospechosa, el personal está facultado para intervenir”, explicó el teniente coronel Jorge Martin, jefe de la Unidad de Procedimientos Penitenciario de Gendarmería.
El oficial indicó que está prohibido llevarse los celulares a las celdas, “ya que el uso estará supeditado a los días y horarios de visita y, excepcionalmente, en otros por causas debidamente justificadas”.
De acuerdo a Martin, “desde el inicio de esta nueva política de contacto con el exterior no existe un aumento en la incautación de celulares. De hecho, en enero de este año se incautaron 829 celulares y en mayo solo 310 equipos, representando una caída”. Además, aseguró que “no han existido casos de estafas telefónicas”.
Sobre cómo verifica Gendarmería el destino de las llamadas, Martin señaló que “el interno expone a quien está contactando. Sin embargo, la veracidad de lo indicado no es posible acreditarse por el respeto al derecho a la privacidad”.
Eso sí, el uso de los equipos también tiene limitantes. Con cualquier falta al régimen interno, se impedirá el uso del teléfono mientras esté la sanción vigente. Y si el interno informa la pérdida o robo de su equipo, se adoptarán procedimientos de incautación y se evaluará si se autoriza el ingreso de otro móvil.
El diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo que la medida “permitirá comunicar a los presos con sus familias y, lamentablemente, luego va a ser difícil fiscalizar que no estén planeando o ejecutando delitos desde la cárcel, cosa que es habitual, y por eso al final hay que hacer inteligencia dentro de la cárcel, más que privar el acceso a celulares”.
En tanto, César Pizarro, de la Fundación 81 Razones (creada luego del incendio que dejó 81 reos fallecidos en la Cárcel de San Miguel), señaló que “desde que se autorizó el ingreso de celulares hubo un reclamo de los gremios de Gendarmería. No querían que se formalizara esto, porque que existan celulares dentro de la cárcel para los presos es un arma potentísima para denunciar lo que ocurre in situ”. Agregó que esto propicia “la venta ilegal de celulares de funcionarios a los presos”. También dijo que “en la Cárcel de Puente Alto los internos están autorizados para usar celulares en sus celdas de 9.00 a 17.00, lunes, miércoles y sábado”.
Como medida adicional, Gendarmería implementó un sistema de visitas virtuales mediante la habilitación de 247 computadores y 475 teléfonos públicos. Y comenzará la entrega de celulares para llamadas humanitarias para personas en aislamiento por Covid. Son casi 300 equipos (la mayoría fueron incautados en requisas previas) y los chips fueron donados por la fundación Mandela y CPC. Según el capellán de Gendarmería, el sacerdote jesuita Luis Roblero, “la posibilidad de que ellos puedan hablar por teléfono con sus familias es un acto de humanidad que no aguanta ningún otro tipo de análisis. Todo lo otro es un egoísmo profundo y desconocer la realidad. Los internos si quieren hacer un ilícito lo harán igual, con o sin teléfonos humanitarios”.
Fuente: La Tercera
