Chile ha aumentado sus exportaciones agroalimentarias y forestales de modo muy dinámico en las ultimas décadas, al punto que desde el año 2000 a la fecha, su valor se ha incrementado en 2.5 veces, alcanzando los últimos años los USD 20.000 millones, consolidándose como el segundo sector exportador después de la minería.
Sin embargo, mantener esa dinámica será difícil, dado el actual escenario del país marcado por una profunda crisis económica e hídrica. De no abordarse con urgencia ciertos desafíos en el área de infraestructura clave para su desarrollo, la meta de transformar al país en una “potencia agroalimentaria” -acuñada en la década del 90- podría quedar solo en promesa.
Priorizando las urgencias, el tema hídrico aparece como el más importante a resolver. Chile está viviendo una megasequía que está afectando al 72% de la superficie del territorio nacional. 156 de las 345 comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de seis millones de habitantes (38% de la población).
Actualmente hay seis regiones de Chile que se encuentran bajo el decreto de Emergencia Agrícola y Escasez Hídrica entre el norte y centro del país.
Expertos aseguran que esta condición se podría prolongar durante este año, con un aumento de eventos extremos como lluvias concentradas en un menor periodo de tiempo.
“La sequía está siendo un problema, ya no circunstancial o transitorio, sino con visos de convertirse en permanente. Varias regiones están gravemente afectadas por falta de agua y está en peligro la sustentabilidad de cultivos claves en el potencial exportador y generador de trabajo en esas zonas”, destaca el ex ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
Para paliar los efectos del cambio climático, factor que ha gatillado la escasez hídrica, empresarios vinculados al sector critican la falta de una política de Estado que diseñe e implemente medidas efectivas.
“Se echa de menos una política más agresiva en términos de generar, acumular y gestionar más y mejor el recurso hídrico. Hoy se ha perdido el tiempo en regular y restringir los derechos de agua en lugares donde ya no existe. Lo que se debe hacer es trabajar para crear obras que nos permitan disponer de más y mejor agua”, afirma el gerente general de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), José Antonio Alcázar.
Importante también serán las mejoras en la institucionalidad de los organismos del Estado que intervienen en los temas de gestión del recurso hídrico. Actualmente existen más de 40 organismos y entidades interviniendo simultáneamente esta delicada materia.
Para el ex ministro de Agricultura, Carlos Furche, la infraestructura, e invertir en una mejor gestión, son fundamentales para asegurar la disponibilidad de agua y que el sector agroalimentario no pierda dinamismo.
“Hay que avanzar en la construcción de obras de riego de mayor tamaño -detalla- pero también, en las de tamaño medio e incluso menores. Todas contribuyen a disponer de agua en los periodos en que se hace escasa, como ocurre en la actualidad con la prolongada sequía que enfrenta el país”.
Dado que el ciclo de esos proyectos es largo, es fundamental sostener el proceso que va desde la identificación y priorización del proyecto, hasta su diseño, licitación y construcción, de forma tal que exista una agregación continua de mayores capacidades de acumulación de agua.
“El plan de embalses no puede continuar siendo una mera lista de prioridades. Es indispensable calendarizar los proyectos contenidos en el plan y resolver la forma en que serán financiados. Al mismo tiempo, se debe generar un acuerdo político en torno a ellos para evitar que con cada cambio de gobierno, se interrumpa su ejecución o cambien las prioridades”, sostiene Galilea.
En su opinión una carretera hídrica -que aproveche el superávit de los ríos del sur y transporte agua por canales y cañerías hacia el norte- debe convertirse en un proyecto nacional en que el Estado se involucre para garantizar que los problemas o debilidades que pueda tener, sean superados y así determinar las etapas y plazos para su materialización.
Carlos Furche también menciona como opción instalar plantas de desalinización de agua de mar. “Ello deberá permitir -dice- la producción agrícola y agroindustrial en algunas regiones como las de Atacama y Coquimbo y eventualmente, incorporar nuevas áreas productivas que ofrezcan empleo e ingresos a sus habitantes”.
Si bien la sequía ha golpeado más fuerte a la zona central del país, en el sur también enfrentan problemas que demandan potenciar la infraestructura de riego.
“Los cambios en el comportamiento del clima de los últimos 15 años provocan que la lechería en base a pastoreo deba pensar seriamente en incorporar riego para sus praderas y cultivos suplementarios, dado que la dependencia de la pluviometría natural es un riesgo demasiado alto y que pone en situación de vulnerabilidad a los productores”, advierte el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (APROVAL), José Luis Delgado.
Detalla que a nivel regional se está trabajando para buscar mecanismos que incentiven la perforación de los pozos profundos a nivel de los medianos productores, considerando las restricciones al acceso de aguas superficiales.
“Llevamos cinco años -añade- tratando de sensibilizar a las autoridades para incrementar los recursos disponibles en la Ley 18.450, para bonificar obras de riego tecnificado. Hace años que la demanda supera con creces la oferta de recursos disponibles y esperamos poder avanzar a un mayor ritmo en esta materia”.
Mejores caminos
Otra de las limitantes que amenazan con frenar el desarrollo sectorial es la infraestructura vial y portuaria.
“Hay un avance notable en la última década, pero todavía hay espacio para avanzar. Una buena red vial para el acceso a los predios agrícolas favorece el desplazamiento de la red de insumos, la salida de la producción de alimentos y, en paralelo, implica un mejoramiento en la calidad de vida de las personas que habitan en torno a las empresas agropecuarias”, asevera Delgado.
Coincide el gerente general de SAGO, comentando que hay escasez de caminos adecuados -al menos con asfalto básico- y puentes que permitan, por ejemplo, el paso de camiones de 45 toneladas o de trilladoras de más de 3 mts de ancho. “Hoy vemos -detalla- que hay muchos puentes provisorios con una capacidad máxima de 3 toneladas, es decir no puede pasar un camión ¾ cargado”.
Agrega que dada la refocalización del presupuesto para responder a las demandas sociales, se ha pospuesto la adjudicación de algunos contratos de mantención de caminos, lo que impacta mayormente a aquellos que aún son de ripio.
Por su vocación exportadora, para el sector agroindustrial un sistema portuario potente es vital para la comercialización de sus productos. En esa línea, se reconoce que, dado el actual escenario de restricción en las arcas fiscales y la desfavorable situación económica, es complejo pensar en grandes proyectos que demanden inversiones muy altas, como el puerto de Gran Escala en San Antonio. Sin embargo, sí hay espacio para avanzar en una mayor eficiencia del sistema portuario y en la cadena logística que lo alimenta.
“En el corto plazo, probablemente, lo lógico y urgente debe orientarse a la búsqueda de eficiencia portuaria y sistema multimodal, aun cuando entendemos que Chile posee un alto estándar de eficiencia operativa en puertos. Sin embargo, en paralelo se debe seguir buscando las alternativas para financiar y concretar el necesario mega puerto, el cual responde a la estrategia de desarrollo de nuestro país, sustentada en el comercio exterior”, estima José Antonio Galilea.
Con respecto al largo plazo, el ex ministro de Agricultura opina que lo ideal sería que existieran múltiples puertos de despacho para evitar que la carga se concentre en un punto, exacerbando los cuellos de botella en la cadena de distribución desde las plantas al puerto.
“En esto es fundamental también reforazar la red ferroviaria, la que hoy sólo transporta una parte muy menor da las cargas del sur del país. Así sería posible aumentar la eficiencia de nuestra cadena logística y evitar el crecimiento desmedido del transporte carretero”, sostiene del director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz..
El mismo análisis tiene José Antonio Alcázar, de SAGO, graficando lo que ocurre en la región de Los Lagos. “Hoy vemos enormes potenciales en el crecimiento del sector frutícola en nuestra zona; entonces ¿por qué no fortalecer un sistema portuario más atomizado, de manera de evitar enormes desplazamientos en camiones?”, se pregunta.
Para fortalecer la competitividad sectorial, otro punto de máxima urgencia es reducir la brecha de conectividad digital. Según las últimas estadísticas entregadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en 2019, en Chile existen más de 2,5 millones de personas que no pueden acceder a una conexión a Internet fija, que se ubican, principalmente, en las zonas rurales.
“Las deficiencias en infraestructura de telecomunicaciones nos pone en desventaja respecto de otros sectores de la economía nacional y de la competencia internacional en el mismo rubro. Vemos que el país intenta avanzar en digitalización de procesos y trámites, pero los esfuerzos de conectividad en zona rurales es bastante deficiente y esa desventaja se sufre a nivel de empresas agropecuarias y también de las comunidades que existen en el entorno”, asevera José Luis Delgado de APROVAL.
Fuente: Infraestructurapublica.cl
