El Gobierno ingresó este jueves un veto aditivo y supresivo al proyecto despachado a ley por el Congreso, que impide el corte de los servicios básicos, en medio del estado de Catástrofe. En el documento enviado al Parlamento, el Ejecutivo indicó que «las observaciones que se proponen al proyecto de ley buscan conciliar, por una parte, el tan necesario apoyo a las familias que se han visto afectados por la pandemia de covid-19, con el resguardo de nuestro Estado de Derecho, por otra parte».
El texto agrega que «de este modo, las observaciones que se formulan no vienen a alterar las normas que aseguran el suministro de servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red, así como aquellas que permiten enfrentar las dificultades para pagarlos; por el contrario, las hacen compatibles con el ordenamiento institucional que es el que permite, en el tiempo, poner en marcha iniciativas sostenibles para proteger a las personas».
El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró que el Gobierno «después de analizar el proyecto en profundidad, el Gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación y por tanto, el acceso de las personas a los beneficios, además, podría exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones».
El secretario de Estado enfatizó que «se busca promulgar el proyecto, para dar una señal adicional de tranquilidad a las familias y una muestra de que el Parlamento y el Ejecutivo, puede lograr acuerdos en beneficios de las personas. Por ello, el Gobierno ha propuesto al Congreso nacional ciertos ajustes al texto aprobado que permiten compatibilizar el apoyo a las personas, con el cuidado al estado de derecho».
En esa línea, Jobet enfatizó que «queremos ser claros, estas observaciones buscan perfeccionar el contenido de esta ley, buscan facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas. Y busca reafirmar que no habrá cortes de servicios básicos y quienes lo necesiten podrán postergar sus cuentas sin costos».
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó que la ley amplía el universo del 40% al 60%, e incluye a uno que otro beneficiario, todo eso se va a mantener, de manera tal que vamos a tener un universo más grande de personas que van a poder ser beneficiada».
Explicó que la corrección «tiene que ver con lo que establece la ley respecto de que hay una imposibilidad de pedir una compensación a las empresas, éstas no van pedir ninguna compensación, pero no se puede establecer en una ley dicha cosa, porque naturalmente afecta a la Constitución, porque uno no puede poner el costo de un determinado problema en las espaldas de una determinada empresa o persona».
De tal manera, añadió el titular del MOP que «el efecto va a ser el mismo, van a pagar el costo las empresas, como ya lo han estado haciendo, van a seguir haciéndolo, pero vamos a quedar con una cosa que no va a tener el riesgo o cualquier empresa pueda ir en contra de esto en los tribunales, de detener los beneficios o ir en contra del Estado».
