El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, junto al prefecto inspector Richard Bórquez, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, se refirieron a la detención de un sujeto, sindicado como el autor de amenazas de muerte en contra del Presidente de la República Sebastián Piñera, en el mes de marzo.
La autoridad de Gobierno detalló en se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana que se encontraba de manera irregular en el país, quien esta mañana fue expulsado, y será puesto a disposición de las autoridades peruanas. El subscretario Galli detalló que la amenaza fue enviada a través de un correo electrónico dirigido a la Presidencia.
«Creemos que esto altera gravemente el orden público, y por lo tanto, afecta la convivencia social que es justamente lo que tenemos que resguardar», agregó.
Además, también lamentó que «tenemos 30 amenazas a distintas autoridades, incluyendo que son del Congreso Nacional, incluso de organismos autónomos del Estado. Incluso, fueron conocidos los casos de amenazas en contra de un diputado; tres personas fueron detenidas como consecuencia de esa amenaza, algunas ellas quedaron en prisión preventiva, y también hemos conocido amenazas en contra de miembros del Poder Judicial».
Galli indicó que la gravedad de la situación radia en que «si es que las amenazas lo que pretenden es debilitar nuestra democracia, es decir, que nuestras autoridades no puedan tomar decisiones de manera libre y democrática, sino que lo hagan extorsionadas por amenazas de ciudadanos, creo que nuestra democracia se debilita, si es que nosotros permitimos y no damos señales claras, en cuanto a que esta amenaza no es aceptable, es condenable y en el caso que esa amenaza sea proferida por un cuidadano extranjero que está en forma irregular en Chile, lo que corresponde es que esa persona sea expulsada». Expulsiones se reactivaron en julio
El subsecretario Galli aclaró que debido al cierre de fronteras producto de la pandemia, no se habían podido realizar expulsiones, sin embargo, «a partir del mes de julio, reactivamos nuestro proceso de expulsiones, tanto judiciales como administrativas, y en este caso, hemos materializado ya desde la última semana de julio, 108 expulsiones de ciudadanos, que habían tenido la pena sustitutiva de expulsión».
