Diputados de la UDI presentaron un proyecto de ley para evitar que funcionarios de Carabineros que estén con medidas cautelares pierdan sus remuneraciones mientras están suspendidos por una investigación penal en su contra.
La iniciativa surge a raíz de lo ocurrido en Panguipulli, donde un malabarista falleció tras los disparos efectuados por un uniformado, quien finalmente quedó con firma quincenal y arraigo nacional tras la revocación de su arresto domicliario total por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
El gremialismo cuestiona la actual normativa, la que señala que funcionarios policiales no pueden acceder a sus remuneraciones mientras son focos de una investigación penal en su contra.
Esta medida «no solo es contraria al derecho de presunción de inocencia, sino que es profundamente dañina, debido a que repercute incluso en el círculo familiar del funcionario, quienes se ven privados del sustento económico familiar», señalan en el escrito.
«Lo anterior, por cuanto la Contraloría General de la República ha sostenido que no se hará el pago de las remuneraciones del personal de Carabineros que se encuentra en prisión preventiva, dado que no ejerce funciones de forma ‘efectiva'», agregan.
Realizada la crítica, la tienda oficialista propone «modificar el artículo 33 de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, incorporando un nuevo inciso segundo, que establece el derecho a percibir el pago de su remuneración, aun cuando el funcionario se encuentre sujeto a algún tipo de medida cautelar de naturaleza penal que impida el cumplimiento de sus funciones de forma efectiva».
El diputado Coloma incluso sostiene que «el privar de una persona de sus ingresos legales atenta gravemente contra sus derechos humanos».
Otro de los que firmó a favor del proyecto fue el diputado Jorge Alessandri. Según consigna El Mercurio, el parlamentario señaló que pedirá discusión inmediata al Gobierno sobre esta iniciativa «para que por la vía legislativa se repare esta injusticia de suspender la remuneración de policías sujetos a medidas cautelares de esta naturaleza».
«De no prosperar, comenzaremos a analizar la impugnación de esta decisión administrativa en el Tribunal Constitucional. La presunción de inocencia es una institución que debe recuperar su valor jurídico y democrático», concluye.
Fuente: Meganoticias
