Christian Arntz-Mac Evoy
Presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G.
· No faltan leyes ni acuerdos, sino enfrentar que las instituciones no están funcionando.
El análisis de la violencia rural que se ha ido agudizando en las últimas décadas se ha llenado de frases clichés, llevando a un punto conocido como “exceso de análisis = parálisis”.
En efecto, el Estado se encuentra paralizado y sobrepasado por un incorrecto enfoque. ¿Existen grupos anarquistas actuando en las regiones de La Araucanía y Los Ríos? Sí. ¿Hay crimen organizado que se manifiesta en robo de madera, producción y tráfico de droga? Sí. ¿Existen demandas legítimas de pueblos originarios? Sí. ¿Existen grupos extremistas que pretenden generar una nación al sur del Bio Bio hasta Chiloé? Sí. ¿Existen delitos comunes como robos y hurtos y vandalismo? Sí. ¿Que no exista coincidencia respecto de cuál variable pesa más, es excusa para no hacer respetar el Estado de Derecho en esa zona? Por ningún motivo.
Hace algunos días, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó a un “Acuerdo Nacional por La Araucanía”, evocando el “Acuerdo Nacional para la Transición Plena a la Democracia” Lo cierto, sin embargo, es que no estamos en 1985: estamos en democracia y nuestra institucionalidad cuenta con todas las herramientas necesarias para enfrentar lo que estamos viendo en La Araucanía y crecientemente hacia el sur.
No faltan leyes para enfrentar los delitos que a diario se cometen en este y otros lugares del país. De partida, tal como señaló hace algunos días el abogado Mario Mora Nieto en La Tercera, en nuestro país se encuentra vigente el Código Penal de 1874, que sanciona con penas suficientes los delitos de incendio, homicidio, lesiones, robo con intimidación, tráfico de drogas, entre tantos otros. También está vigente la ley de Seguridad del Estado de 1958, la ley Antiterrorista de 1984 y la ley de Narcotráfico de 2005.
Debemos enfrentar la cruda realidad de que son las instituciones las que no están funcionando para encontrar y sancionar a los responsables de todo tipo de delitos y que los poderes Legislativo y Ejecutivo, los peor evaluados, pero que sin embargo llaman a refundar organismos que los quintuplican en aprobación, no tienen la voluntad -o tienen temor- de avanzar.
Los estados fallidos se definen por su incapacidad de otorgar servicios básicos. Si la seguridad es uno de estos servicios, debemos preguntarnos qué tan lejos estamos de aquellas naciones que tendemos a subestimar mientras nos palmoteamos la espalda por contar con vacunas para enfrentar el Coronavirus y un cobre con precio al alza.
