Desde el año 2010 la Ley 20.412 estableció por 12 años un sistema de incentivos para fomentar la recuperación de suelos degradados para uso agropecuario a través de un cofinanciamiento público – privado. Los orígenes de esta Ley se remontan a medados de los años noventa, época en la cual nuestro país firmaba acuerdos de complementación económica con cada uno de los miembros del MERCOSUR.
En ese entonces y a solicitud de los productores agrícolas del Sur, el gobierno de la época estimó necesario generar un instrumento que incentive la inversión en fertilidad de suelo, habida consideración de las importantes brechas que en materia ganadera y agrícola existían entre nuestro país y sus nuevos “socios” comerciales.
Gracias a esta Ley, 1.300.000 hectáreas han alcanzado niveles de fertilidad que permiten sustentar una cobertura vegetal permanente, evitando así procesos erosivos y por consiguiente la pérdida del recurso suelo. Además de lo anterior, debe destacarse que este incentivo ha ido focalizado de manera muy eficiente a miles de productores agrícolas de tamaño medio (38%) y pequeños (60%), estos últimos sin considerar a los usuarios del INDAP.
Gracias a la creación de instancias regionales, han sido los propios usuarios los responsables de priorizar las prácticas a bonificar, resultando así que las más relevantes han sido la corrección de la fertilidad fosfatada, el uso de enmiendas calcáreas y el establecimiento de cubiertas vegetales permanentes.
En el caso de los usuarios del SAG, la demanda por estos recursos supera con creces los $10 mil millones, generándose una demanda insatisfecha superior al 40%. Una situación inversa se genera anualmente en el INDAP, donde los recursos asignados normalmente superan las necesidades del sector.
El desafío para recuperar los niveles de fertilidad de los suelos agropecuarios está lejos de terminar y requiere con urgencia que el gobierno inicie la discusión inmediata de una nueva ley de recuperación de suelos, oportunidad en la que deberá velarse por mantener el criterio productivo de este incentivo y por otro lado velar porque los recursos que se asignen se destinen a la inversión en fertilidad.
Por Christian Arntz Mac Evoy, Presidente de SAGO A.G.
