Desde las 09:30 horas volverá a sesionar la Convención Constitucional en las dependencias del ex Congreso Nacional, jornada en la que se espera sean definidas las distinas comisiones, tanto en integrantes como en las temáticas a abordar.
El jueves la Convención Constitucional aprobó pronunciarse respecto a los detenidos durante el estallido social y la militarización del Wallmapu, luego de dar el visto bueno a una de las dos propuestas que se habían presentado en esta materia.
En específico, la mayoría de los convencionales se mostraron a favor del escrito presentado por el Partido Socialista (PS), liderados por Pedro Muñoz, junto a otros constituyentes, la cual obtuvo 105 votos a favor.
El documento aprobado demanda los siguientes puntos:
- Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad.
- Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
- La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche.
Que el indulto, en el caso de las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche. - En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.
- Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
- La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
Fuente: Meganoticias
