Este miércoles se vivió una jornada clave para el proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias a detenidos en el marco del estallido social. Esto, porque hoy la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa que se encuentra aún en su primer trámite constitucional.
Esta semana -y tras ocho sesiones donde expusieron más de una decena de juristas, familiares de los detenidos, representantes del Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial- se dio por finalizada la ronda de audiencias para analizar el proyecto y se dio paso así a la votación de la idea de legislar.
La iniciativa contó con los votos favorables de Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y del presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind.) y el rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos, Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Ahora pasará a Sala para su votación en las próximas sesiones.
Tras esta votación, los parlamentarios comenzaron a ver el quórum de la votación para la Sala.
El proyecto de ley -originado en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO)- ya había sido respaldado en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara Alta.
Su tramitación no ha estado exenta de tensiones. Durante el último mes su avance legislativo cobró relevancia luego de que la Convención Constitucional aprobara una declaración -el pasado 8 de julio-donde demandaron la “máxima celeridad” a la tramitación de la iniciativa. En dicho texto también se solicitó abarcar en el indulto a los presos por el conflicto de La Araucanía desde el 2001.
Desde el gobierno, en tanto, han dejado en claro su postura contraria a la iniciativa, asegurando que genera “impunidad”.
“Hablar de presos políticos o justificar un indulto porque habrían personas que habrían actuado motivadas por razones de carácter político es ocultar la voluntad que algunos quieren simplemente declarar a esas personas, por empatía, por solidaridad con la causa, declararlos impunes, lo cual está ciertamente fundamentando algo que es quizás más grave, que es validad de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”, sostuvo el ministro Hernán Larraín cuando participó de la Comisión.
Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseguró que “este es un mal proyecto, porque genera impunidad (…) que avala la violencia”.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló en una de las sesiones que el proyecto “tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer cuáles son las personas que se encuentran en esta situación” y que había dificultad para determinar el universo de personas que se verían beneficiadas por el indulto.
Justamente, el número de personas en prisión preventiva o formalizadas por hechos vinculados al estallido social fue uno de los puntos que se tomó el debate. Así como también, generó discusión el tema de si en Chile habían o no presos políticos.
El proyecto también generó repercusiones en el ámbito presidencial. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, una de las autoras del proyecto, sufrió una protesta de familiares de detenidos en el estallido durante el lanzamiento de su campaña presidencial en Vallenar.
Más reciente fue el hecho que afectó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien recibió un golpe de puño durante su visita a la Cárcel Santiago 1 para reunirse con detenidos en el marco de la crisis social, donde se le cuestionó el rol que jugó en el marco de la tramitación de diversas leyes ligadas a la seguridad.
La primera en intervenir fue la senadora UDI, Luz Ebensperger, quien aseguró que “la violencia no puede ser validada como forma de actuar en política (…). Tampoco es bueno confundir acá cuáles son las víctimas”.
“No son delitos políticos, sino que delitos comunes. Se confunde el estallido social, que nace de un descontento político, con delitos comunes que cometieron aprovechándose de este estallido social, pero de que, desde mi modo de ver y la definición que la mayoría de la doctrina hace, no son delitos políticos (…). No se reúnen las condiciones para dictar una ley de indulto general o de amnistía”, complementó.
Mientras que De Urresti, quien apoyó el proyecto, justificó su postura debido a que “la falta de objetividad, el uso abusivo y extendido de la prisión preventiva, el uso indiscriminado de querellas genéricas por parte del Ministerio del Interior, nos lleva a una situación de una serie de casos, de decenas de casos a lo largo de Chile, en la cual la situación es insostenible y se está afectando la liberad y al condición de decenas de personas que participando en un proceso de una revuelta popular frente a un sistema que provocó el inicio de un proceso constituyente (…) no podemos soslayar esa situación”.
“Es bastante claro -dudo que alguien piense distinto- que independiente que el proyecto se denomine de indulto, la verdad es que estamos frente a un proyecto que busca provocar los efectos de una amnistía. Lo dice la Corte Suprema, lo dicen varios tratadistas”, dijo Galilea, quien agregó luego que “la manifestación es un derecho, pero tiene límites, y el límite es que sea pacífica y sin armas. Pedir lo que se quiera pedir es legítimo, pero no por medio de la violencia atacando personas y propiedad pública o privada. Es una línea que no se puede dejar pasar, menos en una sociedad en democracia”.
Por su parte, el senador Huenchumilla aseveró que “me parece que hay una justificación política, histórica y jurídica para que nuevamente el Estado haga lo que ha hecho a lo largo de la historia, para extinguir la responsabilidad penal y buscar un bien superior como lo hizo a lo largo de la historia de Chile”.
Fuente: La Tercera
