Se trata de una acción judicial llevada a cabo por una funcionaria que se desempeña en la Junta Nacional de Jardines Infantiles desde el 2015, como encargada regional de la unidad de Tecnologías de la Información.
Esta mujer acusa principalmente supuestas acciones vulneratorias hacia su persona, por parte de funcionarios que trabajaron con ella y jefaturas que tuvo desde el ingreso a su trabajo.
Asimismo, acusó que se ha vulnerado el derecho a la vida, al hacerla desempeñar sus funciones de manera presencial durante la pandemia, estando en cuarentena, teniendo en cuenta que sufre hipertensión arterial.
Posteriormente señala una serie de hechos que a su juicio serían vulneratorios de sus derechos fundamentales y que culminan con la notificación del acta de cambio de funciones de fecha 15 de junio de 2021, igualmente indicando una serie de actos que habrían vulnerado sus derechos de forma posterior a la notificación indicada.
Estos hechos decantaron en una denuncia, exigiendo principalmente la restitución a su cargo anterior, la destitución de funcionarios acusados y una indemnización de 12 millones de pesos por daño moral.
Tras esto, el Juzgado de Letras de Puerto Montt ordenó que se reintegre a su anterior puesto, dejando sin efecto la modificación. Según la Junji esto fue cumplido, sin embargo, el Poder Judicial estimó que no se cumplió a cabalidad, por lo cual se aplicó una multa de 80 UTM debiendo ser pagada a la Tesorería General de la República.
El 04 de octubre se dio cuenta de una resolución que ordena la medida de apremio de arresto por cuatro días para el director regional de Junji, Eduardo Hernández, al no pagar la multa.
Desde la Junji anunciaron que finalmente se cancelarán los más de 4 millones 200 mil pesos dentro de estos días, tras solicitar recursos al nivel central, dejando sin efecto la medida aplicada.
