Todas las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados y Diputadas acordaron presentar una segunda acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, debido a las acusaciones de conflicto de interés y evasión de impuestos en su contra por su eventual participación en la venta del proyecto minero Dominga, antecedentes plasmados en los «Pandora Papers» publicados el domingo pasado.
Tras una reunión entre todos los comités, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se determinó ingresar un libelo cuyos «motivos y fundamentos van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo (de la Constitución), y también por comprometer gravemente el honor de la patria», explicó el socialista Jaime Naranjo.
«Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente», anticipó el diputado.
Si bien la mañana de este martes el DC Matías Walker propuso ir «escalonando» las medidas fiscalizadoras partiendo, por ejemplo, con una comisión investigadora, previo a la reunión de las oposiciones los falangistas tuvieron un almuerzo para definir su posición, al final del cual decidieron estar disponibles, según el jefe de bancada, Gabriel Ascencio.
La apuesta de Ascencio es que la bancada votará en bloque, puesto que la mayoría de los parlamentarios se mostró a favor en la instancia de hoy, aunque no se da por hecho que esa sea la situación en Sala.
Desde que el reportaje salió a la luz, el Gobierno ha negado en repetidas ocasiones el vínculo entre el Mandatario y su familia con la venta de Dominga, que se adjudicó su amigo cercano Carlos Alberto Délano en 2010, argumentando que para entonces, Piñera desconocía las operaciones que se hacían bajo el fideicomiso ciego en el que se aloja su patrimonio.
En su último pronunciamiento al respecto, el Ejecutivo sostuvo que parte de la venta se realizó en las Islas Vírgenes Británicas -territorio conocido como un paraíso fiscal-, con el fin de «facilitar el acceso a los mercados de capitales especializados en instrumentos emitidos por empresas mineras, como la Bolsa de Toronto».
Dada esta defensa, el ministro vocero, Jaime Bellolio, consideró ayer lunes que quienes planteaban la posibilidad «quizás están desesperados por sacar un poco más de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un Presidente no termine su periodo».
CPLT pide avanzar en transparencia de beneficiarios finales y fideicomisos
«Nos parece importante, como lo han sostenido organizaciones de la sociedad civil, en base al principio de transparencia, avanzar en una norma que permita transparentar a los beneficiarios finales» de las sociedades, dijo la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, en el marco del debate en la Comisión de Economía de la Cámara Alta, sobre el proyecto de ley que moderniza la actual ley de compras públicas.
Además, tras la sesión, De la Fuente vinculó el tema con las revelaciones de los denominados «Pandora Papers», indicando que esta legislación sería «una herramienta indispensable para el control ciudadano y para evitar en Chile casos como el descrito este fin de semana»
«El tema es delicado, dado el impacto que puede tener en el bien común de la nación, por lo que todas las iniciativas que existan para evitar que los intereses particulares afecten a los públicos, son necesarios», agregó.
Asimismo, la titular del CPLT opinó que «perfeccionar el fideicomiso ciego es otra deuda legislativa para mejorar la confianza en instituciones como la presidencial (…) así, por ejemplo, deja fuera todas aquellas cuentas bancarias, bienes raíces o tenencia de bonos o acciones que se encuentren en otros países. Atendida la internacionalización de las transacciones, que involucra incluso hoy a monedas virtuales, este es un tema que se debe considerar en una futura modificación legal».
Fuente: Cooperativa
