El Presidente Sebastián Piñera dijo este viernes que «no comparte» la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación penal en su contra por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en la venta del megaproyecto minero-portuario Dominga, cinco días después de las revelaciones periodísticas de los «Papeles de Pandora» («Pandora Papers»).
Sin contestar preguntas, el Mandatario, que dejará el poder en marzo de 2022, indicó en una comparecencia ante la prensa en La Moneda que «los antecedentes de esta venta y condiciones fueron conocidas por los tribunales y determinaron la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. En consecuencia, no compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación por una causa que ya fue conocida y juzgada».
«Tengo plena confianza de que la Justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y mi total inocencia», sostuvo el Gobernante, flanqueado de sus ministros Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres).
Piñera añadió que «estas injustas acusaciones son muy dolorosas para mí y especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno», aseverando que «como Presidente nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga».
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, reveló el domingo pasado presuntas irregularidades en la venta que Piñera hizo en 2010 en Islas Vírgenes Británicas -uno de los principales paraísos fiscales del mundo- de Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano.
Según el ICIJ, el pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona donde pretende emplazarse el proyecto -en la costera comuna de La Higuera, 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo- no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos de Humboldt.
La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido la Presidencia de Chile para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta, que actualmente está aprobado por el tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.
El objetivo central de la causa penal abierta por la Fiscalía es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que el Ministerio Público abrió en 2017.
Como consecuencia, «los hechos no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento (al Jefe de Estado) ni amparados en la ‘cosa juzgada'» que alegan el Gobierno y su abogado, explicó Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la institución, al anunciar la apertura de la indagatoria.
Debido a la «complejidad y gravedad de los hechos investigados», estará a cargo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien el 21 de junio interrogó al Mandatario en el marco de las causas por violaciones a derechos humanos en medio del estallido social.
Fuente: Cooperativa
