Mientras el resto de Chile ignora la escalada de violencia que se vive en una parte importante del sur del país, los que vivimos en este territorio nos enteramos día a día como transportistas, agricultores, trabajadores de distintas actividades y muchas familias, son violentadas a diario por grupos terroristas minoritarios.
La quema de uno o más camiones, los ataques incendiarios a viviendas, la destrucción con químicos de importantes áreas de siembra o las balaceras en plena Ruta 5, han pasado a ser parte de una peligrosa normalidad. La sensación que queda es que el ciudadano común piensa que este problema es sólo de transportistas, agricultores y forestales de la tristemente llamada zona roja – Araucanía y Provincia de Arauco – lo que convierte a estos graves hechos en “situaciones aisladas”.
Si se analiza la usurpación de un predio en Máfil ocurrida el fin de semana pasado, donde fueron baleados 7 carabineros, uno de ellos con pérdida ocular, previo a este hecho la tranquila localidad sufrió varios robos inusualmente violentos. Asimismo, posterior a la toma del predio, los antisociales dejaron una marca de asaltos a bencineras y cajeros automáticos. Pensar que la violencia sólo afecta a unos pocos, es un gran error.
La evidencia es contundente, según datos de la Multigremial de la Araucanía a abril de 2021 los atentados aumentaron un 137% respecto de 2020. Pero también hay otro dato preocupante: en 2021 empiezan a detectarse mayores atentados en la Región de Los Rios, evidenciando el avance hacia el sur de estos grupos violentistas.
Mientras la escalada violentista amenaza con extenderse a otras zonas, no se observa una acción fuerte y decidida de las autoridades. Mientras algunos parlamentarios y constituyentes miran para el lado, otros derechamente avalan a los antisociales, en tanto que a quienes les corresponde velar por la seguridad pública, se limitan a condenar los actos violentistas y a realizar denuncias “a quienes resulten responsables”, que en la práctica es lo mismo que nada.
Si a la compleja situación institucional que vive el país, sumamos el peligroso incremento de los actos violentistas, es hora de demandar del Estado una posición más firme contra estos grupos. Llegó el tiempo de reemplazar las querellas sin nombre y hacer pagar el costo de la justicia a quienes día a día se dedican a violentar a la comunidad.
