La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento por el delito de colusión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y sus principales ejecutivos.
Este requirimiento fue presentado luego de que, presuntamente, la plana ejecutiva de las empresas de seguridad hayan ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
La FNE pidió al TDLC que se apliquen sanciones totalizadas en 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a 63,4 millones de dólares.
Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile S.A., por 39.325 UTA, correspondientes a 30,5 millones de dólares; y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A., por 33.253 UTA, equivalentes a 25,8 millones de dólares. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponden a 6,4 millones de dólares.
En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s) con 149 UTA (115 mil dólares), Marco Malverde Muñoz (Prosegur) con 134 UTA (104 mil dólares), y Cristián Catalán Jerez (Loomis) con 114 UTA (88 mil dólares).
OTRAS SOLICITUDES DE SANCIONES
Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, director General Latam Sur de Prosegur, para quien la FNE pidió una sanción económica de 174 UTA (135 mil dólares) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, por un monto de 122 UTA (94 mil dólares).
«Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley», señaló el fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
De acuerdo a la FNE, el inicio del acuerdo entre las empresas se remontaría, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya habrían estado coordinando los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y prestaciones sociales. A este acuerdo se incluído plegado Loomis en diciembre del mismo año.
Fuente: Cooperativa
