El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió este martes a tramitación la querella interpuesta en contra de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, luego del pronunciamiento que realizó la Contraloría de República respecto de la posible infracción a la probidad de parte de la jefa de la cartera.
El libelo contra Rubilar fue presentado por el abogado Luis Mariano Rendón, luego de los resultados aportados por la Contraloría a la investigación por el eventual mal uso de la ministra a un chat institucional en favor de la campaña parlamentaria de su pareja, el candidato Christian Pino.
El juez que acogió la petición del abogado Rendón fue el juez Eric Bratti, quien en la misma resolución señaló que “tratándose de hechos graves que involucran a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuyo establecimiento es de interés general para toda la sociedad, se declara admisible la querella”.
La decisión del Juzgado fue valorada por Rendón, quien recordó que la misma se originó por el “descaro” de la ministra de asegurar que el fallo de la Contraloría demostró que no había incurrido en ninguna falta administrativa al usar el chat de la institución para establecer las pautas comunicacionales del candidato Pino.
“Rubilar no sólo ha perdido toda noción de probidad administrativa, sino que además el mínimo pudor, pues al conocer el pronunciamiento de Contraloría salió diciendo que esta la había exculpado. Tanto descaro no puede quedar impune”, afirmó.
“Desgraciadamente el caso de Rubilar no es aislado, sino que vemos un grosero intervencionismo generalizado en el Gobierno. Están preocupados de las elecciones y no de cumplir sus deberes como autoridades públicas”, aseguró Rendón, quien expuso que el fallo de la Contraloría dejó en evidencia que sí pudieron haberse ocupado recursos públicos en la campaña del periodista de haberse realizado las instrucciones que la ministra dio en el chat institucional.
“Si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”,señaló la resolución de la Contraloría, que motivó la acción del abogado Rendón y la respuesta de la ministra en torno a que ella no había incurrido en ninguna falta administrativa al usar ese chat de WhatsApp.
