Este miércoles la Pensión Garantizada Universal (PGU) puede ser despachada por el Congreso y quedar en condiciones de ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera como ley de la República.
Tras la aprobación el lunes en el Senado, la iniciativa será discutida y votada hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el tercer y probablemente último trámite constitucional.
La Cámara Baja convocó a una sesión de Sala entre las 10:30 y las 14:00 horas, con la PGU en cuarto lugar de la tabla. También se incluyó para el debate la iniciativa paralela que elimina y reduce exenciones tributarias, que el Gobierno propuso como medio para recaudar fondos que permitan financiar la Pensión, y que llega también para su último trámite.
Ad portas de votar de una ley que el Ejecutivo considera un hito tanto para el sistema previsional como para la política, debido a la capacidad y voluntad que hubo para lograr acuerdos junto al Congreso, el vicepresidente de la Corporación, el oficialista Francisco Undurraga (Evópoli), espera «un trámite corto, (que) se hable todo lo que se tenga que hablar y que, finalmente, lo envíemos al Ejecutivo para que sea promulgado».
«Por parte de Chile Vamos va a haber un acuerdo absoluto, vamos a concurrir con todos nuestros votos, y yo espero que el resto de las fuerzas políticas también concurran con su voto», dijo esta semana.
Desde la oposición también han comprometido su respaldo. El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada PPD, dijo que en su sector valoran «que se haya alcanzado un acuerdo en el Senado para viabilizar la PGU y que se pueda pagar cuanto antes», por lo creen que la Cámara Baja también debe aprobar.
Tanto Soto como su par socialista Juan Luis Castro consideran que quedaron puntos pendientes que incluir, entre ellos que el aporte llegue «a los pensionados por reparación (…) por casos de derechos humanos», pero abogarán por que se debata en el siguiente período legislativo, en el que el primero seguirá como diputado y el segundo subirá al Senado, ya no como oposición sino como oficialismo.
Las perfecciones que pueden hacérsele a la PGU «en ningún caso debiera obstaculizar o retrasarse el pago que debe hacerse ya desde la tercera semana de febrero», enfatizó Castro.
En esa misma línea, el oficialista Undurraga destacpo que «acá el tema no es quién (cuál Presidente) firma este proyecto, quién lo hace ley, sino que a quiénes se beneficia; desde ese punto de vista, lo miramos con buenos ojos y como algo necesario para mejorar las pensiones a la ciudadanía».
LOS PROYECTOS QUE DESPACHÓ EL SENADO
El lunes, en una extensa jornada, la Comisión de Hacienda, primero, y la Sala del Senado, luego, aprobaron por unanimidad el proyecto que crea la PGU, tanto en general como en particular.
La Pensión consiste en un aporte directo de 185.000 pesos mensuales para las personas mayores de 65 años -edad legal de jubilación de los hombres- que estén dentro del 80 por ciento más vulnerable, mientras que para quienes se encuentren entre el 81 y el 90 por ciento dicho monto iría disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90 por ciento, excluyéndose sólo al 10 por ciento de mayores ingresos.
Se estima que 2,4 millones de personas se verán beneficiadas.
No obstante, la votación en el Senado determinó que aquellas personas beneficiadas en las leyes de reparación sobre los informes Valech y Rettig, como víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), quedarán afuera de la PGU, tras alcanzar solo 22 apoyos a favor, 14 en abstenciones y ninguno en contra.
Los senadores aprobaron también el proyecto sobre el financiamiento, que el Ejecutivo impulsó mediante una iniciativa para eliminar y reducir exenciones tributarias, a la que también se le incluyó un denominado «impuesto al lujo» -bienes como automóviles, helicópteros, aviones y yates cuyo valor supere cierto umbral-.
Con las modificaciones, se espera recaudar recursos del orden de 0,67 puntos del Producto Interno Bruto, muy por sobre de los 0,35 que estimaba el Ejecutivo con la propuesta inicial. La PGU, según las proyecciones de Hacienda, costará 0,9 puntos del PIB; para la fracción faltante, de acuerdo con lo que planteaba originalmente el Ejecutivo, debía recurrirse a provisiones del Tesoro Público que están aseguradas para este año y hacia adelante (0,5 puntos) y a otro 0,1 punto del Fondo de Reserva de Pensiones.
En detalle, aparte del «impuesto al lujo», ese proyecto aborda los siguientes puntos sobre exenciones tributarias actuales:
- Exenciones en el mercado de capitales: gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en bolsa de determinados instrumentos con presencia bursátil.
- Exenciones en el mercado inmobiliario: a) Eliminación del crédito especial a las empresas constructoras; b) Eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010.
- Afectación con IVA a las prestaciones de servicios.
- Seguros de vida. Se establece la afectación con Impuesto a las Herencias y Donaciones, todos los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida celebrados desde la publicación de la ley, salvo de los seguros de invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de 1980.
- Exclusión del pago de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes de propiedad del Fisco.
Si la Cámara Baja aprueba ambos proyectos hoy, la PGU podría ser promulgada como ley por el saliente Presidente Piñera entre jueves y viernes, antes de terminar enero, a fin de que los primeros pagos puedan iniciar alrededor de la tercera semana de febrero, lo que fue el objetivo de La Moneda desde el comienzo.
Fuente: Cooperativa
