Tras entrar en vigencia el estado de excepción en sectores fronterizos de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli reconoció que el despliegue militar y policial no será «absoluto» para combatir la crisis migratoria, por lo que se deberán aplicar mayores medidas para «desincentivar» el traslado hacia Chile.
«Quiero ser bien transparente, todas las medidas que tomamos no van a producir un efecto absoluto. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todas las autoridades, todos los órganos del Estado tienen que poner de su parte para que logremos contener y administrar el fenómeno migratorio», puntualizó Galli.
En esa línea, la autoridad de Gobierno reconoció que, probablemente, «vamos a tener que avanzar en mucho más que en despliegue policial para lograr ese resultado». Por lo que anunció que se llevarán a cabo «procesos de expulsión, conversaciones y probablemente va a tener que haber una estrategia regional integral para que se disminuyan los incentivos de salir de Venezuela».
Luego de ser publicado en el Diario Oficial el decreto que permitía aplicar el estado de excepción en sectores fronterizos de las provincias mencionadas, el subsecretario mantuvo una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, la PDI, con su par de Defensa, y con las autoridades regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta a fin de «darle el vamos al trabajo conjunto».
«Lo que se ha coordinado es el despliegue de las Fuerzas Armadas, porque esto no va a ser solamente un fortalecimiento de la presencia policial y militar en la frontera misma, sino también fortalecer los controles a lo largo de todas estas provincias de tal manera de poder fiscalizar que las normas en nuestro país se estén cumpliendo. Para ello va a haber un despliegue de más de 600 funcionarios militares y un fortalecimiento de la presencia policial en la frontera», reforzó Galli.
Con respecto al despliegue que tendrán los efectivos militares y policiales en las fronteras, señaló que serán los cuatro jefes de la Defensa Nacional designados los que realizarán la «planificación correspondiente», pero antes anunció que el Gobierno «ya tiene algo de experiencia» al respecto, la cual se basa en el trabajo realizado ante la aplicación del decreto 265.
«Esa experiencia vamos a trasladarla a Colchane, tenemos seis puestos de observación en Colchane y ahora el despliegue militar y policial debería permitir detectar a esas personas, ponerlas a disposición de la PDI y llevar a cabo el proceso de reconducción. A los jefes de la defensa se les otorgaron facultades amplias para tomar decisiones incluso del tránsito y de lo que está ocurriendo en todas las provincias fronterizas», concluyó.
Fuente: Emol.com
