El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas, avanzó este lunes en el Senado, y enfrentará mañana martes una votación crucial que puede convertirlo en ley.
Por siete votos a favor y dos abstenciones, la comisión conjunta de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobó el pacto, una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric y una de sus primeras medidas.
Está previsto que la Sala discuta y vote el proyecto la tarde del martes en la sección de fácil despacho, por lo que se espera que la adhesión sea una realidad incluso antes de la Cuenta Pública del Presidente Boric, fijada para este miércoles.
El senador RN Francisco Chahuán resaltó que en la oposición «lo hemos aprobado con aclaraciones interpretativas que solicitamos en su momento: primero, que no cede soberanía; segundo, que no nos someten a tribunales internacionales, y tercero, que queda constancia de que es un tratado no autoejecutable, vale decir, que requiere la aprobación de norma interna para que pueda tener aplicación».
«Sin lugar a dudas, este es un avance sustantivo, nos permite nuevamente estar a la vanguardia en la protección del medioambiente, creemos que es un aporte importante, y estamos muy orgullosos de que nuestras advertencias fueran recogidas», enfatizó.
«Es una muy buena noticia para el país que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado«, indicó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
A su juicio, el acuerdo brindará «mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que vivimos: la crisis climática, la crisis de biodiversidad y contaminación y la crisis social».
Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entró en vigor el pasado abril y ya ha sido ratificado por 12 países, aunque originalmente fue firmado por 24.
En caso de aprobarse finalmente, Chile se uniría a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El ex Presidente Sebastián Piñera fue uno de sus principales impulsores en Chile durante su primer Gobierno, pero al final de su segundo periodo se negó a firmarlo por presiones de la industria y la minería.
Una semana después de asumir el cargo, en marzo pasado, Boric envió al Parlamento el proyecto de adhesión a este importante tratado internacional para Latinoamérica, la región más mortífera para los defensores ambientales, según la ONG Global Witness.
Fuente: Cooperativa.cl
