Desde la región de Arica y Parinacota el Presidente Gabriel Boric presentó este jueves el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el período 2022-2026.
El anuncio se dio en el marco de la última actividad pública de su gira de tres días en la zona norte y luego de encabezar, junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública, al que asistieron diversas autoridades públicas.
En concreto, se trata de un plan con más de 30 medidas específicas con foco en la prevención del delito, persecución del crimen organizado, el acompañamiento a víctimas de delitos, control de armas, fortalecimiento del rol municipal y la recuperación de espacios públicos.
Durante la presentación el Jefe de Estado precisó que desde el Ejecutivo están “actualizando una política que por última vez se llevó adelante el año 2004″, por lo que “hoy tenemos el deber de actualizarlo porque ha cambiado mucho el país y también la delincuencia”
Delineó también que la seguridad será “abordada sin complejos y como primera prioridad de nuestro gobierno”. “No vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacio”, dijo.
Reiteró además -en un mensaje que ha reforzado constantemente durante su gira a la región del norte- su advertencia a las bandas criminales.
“A las bandas de crimen organizado les decimos que no son bienvenidas, que las vamos a perseguir y las vamos a golpear donde más les duele, las vamos a golpear en la ruta del dinero, las vamos a golpear en su organización, vamos a mejorar las técnicas investigativas”. En esa línea, felicitó la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en desarticular ese tipo de grupos.
La jefa de gabinete, en tanto, planteó un plazo para evidenciar resultados. “Tomamos el mandato del Presidente de acelerar el trabajo y, en tres meses más, poder mostrar resultados”, señaló.
Detalles del Plan Nacional de Seguridad
En materia legislativa y administrativa destacan el impulso de la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones durante julio para su tramitación, así como también avanzar en la reforma a las policías y a la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol en seguridad.
Además, se impulsará la ley de seguridad privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije, para los próximos 10 años, una ruta a nivel país en esta materia.
El plan también contempla la creación de una política nacional contra el crimen organizado, que será presentada en octubre, según detalló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En detalle, establece ejes claves como el desbaratar las redes de las bandas criminales, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística.
Para el control de armas, en tanto, se propone un plan con las siguientes dimensiones:
- Fortalecer la persecución penal
- Fiscalización de armas y municiones
- Creación de sistemas para su trazabilidad
- Mejorar el control de las armas en poder del Estado. En concreto, cada rama de las instituciones estatales armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
- Reforzar el control en fronteras e inteligencia financiera para mejorar los registros de información de grupos de interés.
Prevención del delito y protección a víctimas
En este eje, se anunció la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Municipal y se implementará una redistribución de los recursos policiales. También se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público privada en materia de seguridad.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a delitos, con la revisión y actualización de los denominados delitos de mayor connotación social con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis. También se perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Junto con eso, se creará el servicio integral de apoyo a víctimas de delitos, se ampliará el número de centros de atención para ellas y se expandirán los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
También se contempla una serie de medidas para el orden público y la recuperación de espacios públicos, como acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito.
El anuncio realizado por el gobierno se da en medio de un crispado ambiente de seguridad a nivel nacional, que se ha visto afectado por los reiterados casos de delincuencia registrados en los últimos meses y por la presencia de carteles internacionales en Chile, como el Tren de Aragua, de Venezuela; y Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, de México.
Fue el propio Monsalve quien hace unos días alertó sobre la presencia de dichas bandas criminales en el país. Y este jueves, además, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió sobre una posible “pandemia delictiva”, por lo que llamó a tomar medidas.
Primer Consejo Nacional de Seguridad Pública
“Nosotros llevamos solo tres meses desde que asumimos el cargo y nos encontramos con una realidad de la delincuencia que es muy preocupante para nuestro país”, había asegurado durante la mañana Boric, previo al anuncio del plan y en entrevista con la radio Cappissima de Arica.
En la instancia aseguró que “estas cosas no se acaban de la noche a la mañana (…) Yo no voy a decir acá frases grandilocuentes del tipo ‘delincuentes se les acabó la fiesta’. Sabemos que entre lo dicho y hecho hay mucho trecho”.
Tras conceder la entrevista -que duró 40 minutos-, el Presidente arribó poco antes de las 11.45 al Liceo Artístico Doctor Juan Noé Crevani, en Arica, para liderar el consejo, que se extendió por casi tres horas.
Hasta el establecimiento educacional también llegaron diversas autoridades de gobierno como la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y los subsecretarios del Interior, de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Justicia, Jaime Gajardo.
Se sumaron a la lista el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el fiscal nacional, Jorge Abbott; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y el defensor nacional, Carlos Mora.
También participaron los directores nacionales de Gendarmería, Sebastián Urra; de SENDA, Roberto De Petris; y del Sename, Rosario Martínez; y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carlos Cuadrado Prats.
Fuente: La Tercera
