Quiere decir que el Estado, representado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mantiene un contrato con los operadores de los microbuses por un período de tiempo determinado, entregando así todos los meses un subsidio para cubrir los costos operacionales que permitan el funcionamiento de las máquinas y el traslado de los vecinos y vecinas.
El “factor de pago” es el resultado de la medición de metas y cumplimientos y que incluye montos por el transporte de estudiantes y la utilización de la TNE de verano. Adicionalmente se otorgan recursos económicos para garantizar que se aplique el descuento del 50% del pasaje para los adultos mayores y puedan viajar sin que ello signifique un gasto tan elevado.
Desde el año 2019 el Estado mantiene un congelamiento tarifario en los sistemas regulados de transporte público, el que en mayo de este año fue renovado por el Gobierno como parte del Plan Chile Apoya, como una medida paliativa ante el encarecimiento del costo de la vida.
En Osorno la tarifa está fijada en 400 pesos adulto, 130 escolar y 200 para el adulto mayor.
El alza del precio del combustible y el mayor precio de muchos otros elementos fundamentales para el desarrollo del rubro efectivamente hacen que la tarifa hoy debiera estar en torno a los 470 pesos; sin embargo esta se mantiene congelada debido a que ese monto adicional es compensado por el Ministerio y traspasado a la figura del Representante Legal -que es la contraparte en este tipo de contratos-.
Por una simple razón, porque no queremos afectar el bolsillo de las personas. Y precisamente, en este tipo de sistemas -regulados- el Estado puede intervenir para no traspasar ese costo al presupuesto de los vecinos y vecinas.
Creemos justo que ese monto compensatorio también llegue a los conductores, ya que son ellos quienes dan vida al sistema. Y esa ha sido nuestra propuesta desde el día 1; algo que hemos manifestado en reiteradas ocasiones y en cada una de las reuniones en las que hemos estado abiertos y disponibles para destrabar este conflicto.
Nuestra voluntad es elevar los estándares del transporte público y para ello es necesario garantizar que las condiciones de todos los actores también mejoren, acompañando y dando paso a mayores niveles de formalidad; sin embargo la respuesta no ha sido positiva.
Por otra parte, para poder hablar de un acuerdo, ambas partes deben aceptar a su entera satisfacción el resultado de un proceso de negociación, por lo que debemos ser claros y enfáticos: desde el primer momento señalamos que un alza unilateral de las tarifas no está autorizado por el Ministerio de Transportes; hecho que ha sido conocido públicamente, por lo que llamamos a los voceros de los conductores a ser responsables en sus palabras y dejar de engañar a la opinión pública.
Existen normativas vigentes, un marco legal que nos ampara, faculta y mandata, además de contratos suscritos entre empresas y el Estado y que en todo momento hemos sido estrictos en respetar y hacer cumplir, por lo tanto nunca hemos avalado un alza en las tarifas, porque sabemos que esto afecta directamente a los usuarios del transporte público.
Hemos insistido en encontrar fórmulas para que el Estado se haga cargo de estos mayores costos y no las personas y lo seguiremos haciendo.
Ese es nuestro mandato y nuestra obligación con la ciudadanía.
Fuente: Seremitt Región de Los Lagos
