Luego de seis horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó este jueves la prisión preventiva para el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, y fijó en 30 días plazo de investigación. Esto, luego que ayer fuera detenido por la PDI en Cañete para luego ser trasladado a un cuartel institucional en Temuco.
Tal como adelantó ayer el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, a Llaitul se le realizaron imputaciones por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y algunas por delitos del Código Penal: de usurpación, atentado contra la autoridad y robo de madera.
Ayer, la CAM llamó a movilizaciones tras la detención de Llaitul y se generaron distintos ataques incendiarios en Mulchén. En tanto, esta mañana un grupo de comuneros mapuche llegaron a entregar su apoyo al líder mapuche frente al cuartel de la PDI.
El fiscal del Ministerio Público expuso los antecedentes de la detención, señalando que éstos se basan en el escrito presentado por el fiscal regional Roberto Garrido, con cinco hechos de imputación; tres referidos a la Ley de Seguridad del Estado (artículo 6, letra E, C y F respectivamente) y luego se hace referencia a una «usurpación y atentado a la autoridad ocurrida en febrero de 2021 en el predio San Sebastián en Victoria», y «una de usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad, ocurrida en la forestal Cautín ocurrida en 12 de marzo de 2021».
A dicha orden de detención se adjuntaron «los antecedentes que dan cuenta del delito y la participación a través de declaraciones de testigos, pruebas periciales, interceptaciones telefónicas, fotografías, pruebas periciales balísticas en algunos casos».
El fiscal también detalló que durante su detención se le permitió al imputado tener contacto con su abogado defensor y se constataron lesiones en dos oportunidades, y fue puesto a disposición del Tribunal dentro de los plazos que establece la legislación.
Por su parte, la defensa de Llaitul, el abogado Rodrigo Román, solicitó declarar ilegal la detención de su defendido, a lo que el Ministerio Público se opuso, de igual forma que lo hizo el abogado querellante del Ministerio del Interior. Así el Tribunal, declaró «ajustada a derecho la detención del imputado».
Solicitud de prisión preventiva
Posteriormente, y tras una extensa lectura de los cargos que se le imputan a Llaitul, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva contra el imputado. «Esperamos como Ministerio Público el respeto a la ley de todos los ciudadanos de este país, el respeto al Estado de derecho», planteó el fiscal.
«Estas conductas que han sido investigadas desde el 2020 por el Ministerio Público y hasta recientemente, donde se destaca una serie de comportamiento del imputado que contradicen este principio; no son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos materia de la imputación, son acciones concretas. Tienen que ver con quién es él, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje, y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones», planteó el fiscal.
Agregó que «esto deriva en que en la actualidad, en la Región de La Araucanía, desde octubre del año pasado, con algunas intermitencias, también en la provincia de Arauco, en la provincia del Biobío, exista un estado de excepción constitucional; entre otras, precisamente, esta posición del imputado de irrespeto hacia el derecho de los demás, es lo que genera para todos los habitantes de estas zonas, una situación de intranquilidad, de excepción constitucional».
Así, la Fiscalía detalló que frente a los hechos denunciados en 2020, respecto a la libertad de Daniel Canio, «a la fecha, han ocurrido 54 ataques, con la quema de 70 camiones». Asimismo, aclaró que «el imputado no sólo profiere estas expresiones, sino que ejecuta una serie de acciones para difundir estas ideas de levantarse contra el capital y las empresas forestales».
«Él, al hablar de esa manera, repetirlo, refrendarlo, logra que se vayan produciendo estos ataques, el sujeto activo es idóneo para motivar a otros», recalcó, esto, por la calidad de Llaitul como líder de la CAM, con un mensaje «de resistencia armada, de lucha militar, es un discurso beligerante, de guerra; es un lenguaje que emana de él, en contra del poder establecido. Estamos en una figura de peligro, de peligro abstracto, pero eso no implica que no exista un riesgo real para la tranquilidad de las personas que habitan en la zona».
Respecto al hecho número dos, donde Llaitul otorga una entrevista a Radio Universidad de Chile, el fiscal detalla que «el imputado no hace un llamamiento a cometer estas acciones, pero incita de manera indirecta la promoción de estos hechos de violencia, con la finalidad de que se produzca un cambio político, social, que es el él quiere. El problema es que el señor Llaitul ha escogido la vía de la violencia, asegurando que van a existir futuros enfrentamientos armados».
En cuanto al hecho 3, denunciados en febrero de 2021, por la ocupación del Fundo San Sebastián en Victoria, la Fiscalía detalló que se logró obtener la interceptación telefónica del imputado, y el día anterior a la ocupación queda clara «la preparación que está realizando para las acciones que van a venir (…) donde está dando cuenta de la planificación de la ocupación de un predio de Temulemu chico». Además, el sistema de georreferenciación del teléfono, situó a Llaitul en las proximidades del fundo ocupado.
«Estos antecedentes no pueden sino dar cuenta, de que el imputado participa en la ocupación de este predio que se mantiene hasta el día de hoy», agregó el fiscal.
Respecto al hecho 4, asociado a la ocupación del fundo Renaco Pastales, propiedad de la forestal Cautín, el fiscal detalló que, al igual que en el caso anterior, «el imputado comienza a preparar, días antes, la ocupación del predio», y para ello expuso una serie de escuchas telefónicas que acreditarían tal planificación.
Luego que se concretara la ocupación, y tras la llegada de personal de Carabineros, se producen «acciones de resistencia». También se interceptaron conversaciones donde Llaitul pregunta «dónde está el hacha» y en otro audio se escucha que el imputado señala que «vienen los verdes, los chanchos, vamos a preparar algo aquí». Ese día, dijo el fiscal, «resultaron carabineros lesionados producto del uso de armas de fuego». El fiscal sostuvo que la georreferenciación ubicó a Llaitul en las proximidades del predio usurpado.
«Considera la fiscalía que la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, además porque la conducta del imputado pasa de esta incitación inicial pasa de hacer una apología, no sólo en estos dos años, sino en su historia vital», planteó el fiscal del Ministerio Público, recalcando que ahora Llaitul «tiene un alto poder de fuego».
En tanto, el abogado querellante del Ministerio del Interior, adhirió a la solicitud de la Fiscalía.
Defensa de Llaitul: «La LSE no es para proteger el negocio de las forestales
Durante su derecho a réplica, el abogado defensor de Llaitul expresó que existe un «problema de competencia del Tribunal», respecto a los hechos que se le imputan, salvo el hecho el número uno. Los otros cuatros no serían de «competencia territorial», puesto que se expusieron declaraciones de Llaitul a Radio Universidad de Chile «y entiendo que esa radio tiene domicilio en la ciudad de Santiago y de Youtube, menos en la ciudad de Temuco».
Asimismo, recalcó que el hecho tres, e relacionado al fundo San Sebastián, «no guarda relación con el territorio jurisdireccional del Juzgado de Garantía de Temuco y asimismo el hecho cuatro, en relación al fundo Renaco Pastales».
Luego, planteó que «la imputación que se hace a mi representado se funda en la Ley de Seguridad del Estado, derecho penal político (…) donde el bien jurídico protegido apunta a la estabilidad política, la institucionalidad o la estabilidad del gobierno de turno» y acusó a la Fiscalía de actuar «en consonancia con otros órganos del Estado, en una clara persecución política».
«Aquí se está planteado un problema político. Si se escucha en los dichos del peñi Héctor Llaitul, él da cuenta del discurso político de la organización a la cual él pertenece, y no niega su militancia y su rol en la CAM, pero claramente, los enemigos de la CAM no es el Estado de Chile (…) la Ley de Seguridad del Estado no es para proteger el negocio de las forestales».
A su juicio, «esto se interpreta como una respuesta al momento político actual, que había que encarcelar a Héctor Llaitul, incluso el representante del Gobierno de Chile dice que este líder ha perdido el rumbo», y recalcó que «la CAM jamás ha lesionado a persona alguna».
Asimismo, el abogado defensor cuestionó la prueba presentada por la fiscalía respecto a la georreferenciación que situarían a Llaitul en las inmediaciones de los predios usurpados. A juicio de la defensa, se trata de «especulación» y que estos mecanismos «no son exactos». Con todo, pidió que «se persigan delitos, no ideas».
En respuesta, la Fiscalía recalcó que durante la audiencia se enfatizó que sus dichos «no son solamente ideas, sino acciones que se concretan».
Fuente: Emol.com
