En conversación con Radio Sago Carlos Montecinos, uno de los afectos, detalló que el presunto responsable de la estafa cobraba por supuestos trámites en el Serviu y que los montos por familia van entre 100 a 700 mil pesos.
El afectado relató que ya hay denuncias en la PDI y que son cientos los estafados en Puerto Montt y Puerto Varas.
El modus operandi, de acuerdo a lo que se conoce, contaba con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Vivienda e incluso informaban del interés de constructoras reconocidas, presentando planos de los futuros proyectos.
Se estima que son más de 700 familias las afectadas y que la estafa superaría los $300 millones
Anahís Arauz, abogada del equipo parlamentario del diputado Héctor Ulloa, aseveró que van a «interponer todas las acciones legales para poder perseguir la responsabilidad penal de las personas involucradas en éste asunto, principalmente por jugar con el sueño anhelado de la vivienda propia para personas muy vulnerables y eso no lo podemos permitir aquí ni en ninguna parte del país”.
Acá la entrevista completa.
