El ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un proyecto de ley que autoriza la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por drogas en nuestro país.
La iniciativa busca reducir el hacinamiento en las cárceles de Chile y busca revertir la prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la ley 20.000 de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.
«Hemos ingresado un proyecto de ley que venimos trabajando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a delegados presidenciales, parlamentarios, en particular de la zona norte del país, para hacernos cargo de este tema», dijo Ríos
La secretaria de Estado explicó que la propuesta se enmarca en el plan de combate al crimen organizado al interior de las cárceles y busca también descongestionarlas, en pos de la seguridad tanto de internos como de gendarmes.
El Minju explicó que la iniciativa legal «busca revertir los efectos de prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la Ley 20.000 de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país».
Entre sus disposiciones contempla que «quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas no pueden tener a su haber condenas por Ley de Drogas superiores a los cinco años y un día».
La persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio chileno en un plazo de 10 años; y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad impuesta.
De acuerdo a lo señalado por el ministerio, «la población migrante recluida (en Chile) se ha incrementado y se concentra en el norte del país».
Las estadísticas muestran que si el año 2013 representaba un 3,7% del total, en abril de este año ya alcanza al 10,3%, con un total de 4.298 reclusos.
De todos los extranjeros presos, el 86% está recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.
Por lo anterior, el proyecto ayudaría a «alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país», señaló Ríos.
Fuente: Meganoticias
