El 9 de septiembre, los diputados Leonardo Soto (PS), Lorena Pizarro (PC) y Gonzalo Winter (CS) sostuvieron un almuerzo clave con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario del ramo, Jaime Gajardo, para conversar sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches. La cita fue aprovechada por Soto para plantear una idea: “¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?”.
Por esos días se discutía el protocolo de acuerdo suscrito por el exdirector regional de Gendarmería de La Araucanía, Juan José Navarrete, y el lonko Víctor Queipul, el cual permitía -entre otros aspectos- el traslado administrativo de tres internos que permanecían en huelga de hambre en la cárcel de Angol.
Por lo mismo, la idea de los parlamentarios gustó entre las autoridades del Ejecutivo y, de hecho, a tres meses y medio del mencionado encuentro, el gobierno ya lo está analizando formalmente. Así lo explica a La Tercera, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo: “Hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello”, dice.
Gajardo agrega: “Consideramos que es importantísimo, y coincidimos con los parlamentarios en el hecho de que es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas. Estamos viendo la factibilidad técnica, revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el convenio”.
Es que además, como deslizó la autoridad, la idea tomó fuerza porque también hay voces de oposición que están empujando la iniciativa. El 28 de septiembre, en medio de un almuerzo que la ministra y el subsecretario tuvieron con parte de la bancada transversal de La Araucanía, el RN Miguel Mellado les dijo -según indica el parlamentario- que debían pedir que Bienes Nacionales les cediera un terreno a las afueras de alguna de las ciudades de la región y ahí instalar una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.
“Tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales. Por eso yo le dije al gobierno que se necesita esta cárcel para imputados y condenados de pueblos originarios y que ahí estén todos juntos, con la seguridad que corresponde en el perímetro. Incluso podrían tener allí sus rewe (altar utilizado por los mapuches en muchas ceremonias), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano”, señala Mellado.
Justificación técnica
Pese a que el diputado RN plantea que el penal diferenciado debería ser para personas vinculadas a violencia rural, el análisis que está haciendo la Subsecretaría de Justicia es respecto de un establecimiento especial para imputados o condenados integrantes de pueblos indígenas reconocidos por el Estado, sea cual sea el ilícito que cometan.
El subsecretario Gajardo advierte que “lo que da factibilidad para hacer una diferenciación es el Convenio 169. Para que hagamos cualquier diferenciación en el cumplimiento de una pena privativa de libertad, necesitamos una razón normativa, y la única que existe es la que estipula esta norma. En ese sentido, estamos analizando la propuesta y, por lo mismo, viendo su posibilidad”.
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Pero el Ejecutivo no solo está contemplando las implicancias técnicas de la medida, sino que también una mirada más de fondo sobre el tema. Gajardo sostiene que “estamos al debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas. En el gobierno anterior esto se comenzó a abordar y por eso se dictó la resolución 3.925 por parte del subsecretario Sebastián Valenzuela y el ministro Hernán Larraín. Los distintos sectores reconocen que tenemos un problema y un desafío como Estado respecto de este tema”.
Pese a que, comprobada la factibilidad normativa, el gobierno sólo requeriría dictar un decreto supremo para concretar la creación de este penal, Gajardo detalla que están siguiendo una serie de pasos previos, como estableciendo puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras, pero además con organizaciones de derechos humanos.
Además, la Subsecretaría de Justicia encargó a Gendarmería un análisis técnico para explorar esta idea. “Pedimos ver en qué lugar se debiera emplazar, cuánto costaría, cuánto se demoraría, etc. Con aquello vamos a revisar el tema, hablar con los parlamentarios para ver bajo qué modalidad lo podríamos hacer”, agrega Gajardo.
Recepción parlamentaria
La iniciativa genera distintas reacciones entre los diputados. El diputado Leonardo Soto (PS) señala que “se necesita un cambio estructural y así surge la idea de que exista un recinto penitenciario sólo para personas pertenecientes a pueblos originarios, y me alegro que el gobierno lo esté considerando. No implicaría un trato especial ni una discriminación, pues sólo se hace cargo y acoge lo que establece el Convenio 169 de la OIT”.
Por otro lado, el diputado Andrés Jouannet (IND), integrante de la bancada transversal de La Araucanía, se mostró abierto a considerar la fórmula, pero siempre y cuando se excluya a personas indagadas o condenadas por delitos graves, como homicidios.
“Es un tema que se tiene que estudiar, escuchar a los expertos. Chile suscribió el Convenio 169, y el mismo es claro en que ante delitos graves no valen los beneficios. Siempre está la ley del país por sobre esas disposiciones”, comenta.
Desde la UDI, en tanto, el diputado Henry Leal le cierra totalmente la puerta a la propuesta. “No estoy de acuerdo con esa medida, creo en la segregación, pero para mí hay un principio fundamental que es la igualdad ante la ley. Distinto es si hablamos de un penal para terroristas, pero en cuanto a lo que se propone, creo que no es opción. Ley pareja no es dura”, comentó.
Fuente e imagen: La Tercera
