La propuesta apunta a la exención definitiva del Impuesto al Valor Agregado para comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR), y busca se agilice la conformación de una mesa de trabajo para dar certezas a las familias de campo.
Esto, luego que el ministro de Hacienda anunciara la pronta conformación de una mesa de trabajo para resolver esta problemática, acción que fue valorada por los Diputados y Diputadas, quienes durante diciembre enviaron una carta al gobierno para exponer esta preocupación.
El Diputado independiente- PPD, Héctor Ulloa espera que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de eximir definitivamente de dicho pago las APR, reconociendo la labor que realizan.
Agregó que “cargar a las APRs de IVA es doloroso, sobre todo para las familias que más lo necesitan».
El Diputado por el Distrito 25, Hector Barría, manifestó que no se debe aplicar este impuesto a los servicios de Agua Potable Rural, menos en las actuales circunstancias económicas que enfrenta el país.
Cabe señalar que la actual Ley 21.420 que comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2023 obliga a las APRs a pagar este impuesto. Sin embargo, frente a este escenario, existe una resolución dictada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual establece el congelamiento de este pago hasta noviembre de este año, tiempo en el que se pretende resolver esta situación, mediante una iniciativa legislativa.
