El Congreso despachó el proyecto de ley corta que busca corregir el universo de referencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y ampliar la cantidad de beneficiarios. Ello, luego de que la sala del Senado diera su unanimidad a la iniciativa, al igual que durante la sesión matinal de este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
De esta forma, el proyecto que una vez aprobado se estima aumentará en alrededor de 70 mil el número de beneficiarios de la pensión no contributiva, cumplió con todos sus trámites legislativos. Así, está en condiciones de convertirse en ley.
El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera, manifestó que esta ley “genera la posibilidad que 70 mil personas mayores se incorporen a la Pensión Garantizada Universal. Queremos recordar que el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia, porque no entendían el motivo por el que no calificaban, ya que no eran parte del 10% más rico de la población”.
Añadió que “así, la ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas que ya habían presentado su solicitud y fueron rechazadas con motivo de la ley vigente, serán recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud, a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”.
Por su parte, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, agradeció a los parlamentarios del Congreso por el apoyo al proyecto.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo ante las diferentes instancias legislativas, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que calificaba para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no accedían al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.
Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.
Contenido del proyecto
El proyecto de ley despachado introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país.
Asimismo, la iniciativa contiene un artículo transitorio que señala que esta modificación entrará en vigencia el primer día hábil del tercer mes desde la publicación de la ley y ordena modificar el pertinente reglamento a más tardar el segundo mes desde su publicación.
Además, se regula que el IPS verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos de las personas que, habiendo postulado, no accedieron a la PGU por no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más del país.
Informe Financiero
El Informe Financiero junto al proyecto indica que, por la modificación en la forma de cálculo del universo de beneficiarios y la consecuente ampliación se estos, existirá un gasto adicional por parte del Estado.
Señala que, en el primer año de aplicación de esta fórmula, habrá 73.220 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 107 mil millones, mientras que para el segundo año habrá 71.380 beneficiarios adicionales, lo que implicará un mayor gasto de $ 140 mil millones.
Para el tercer año, en tanto, se contempla un total de 69.560 beneficiarios adicionales, lo que representará un mayor gasto de $ 136 mil millones. Por su lado, para el cuarto año de aplicación, se prevén 68.730 ingresos adicionales al beneficio, implicando $135 mil millones de mayor gasto, lo que se incrementará a $ 140 mil millones al quinto año, con 70.120 beneficiarios adicionales.
Por último, en régimen, se contempla 76.070 beneficiarios adicionales, lo que significará un mayor gasto de $ 168 mil millones.
