Fue en junio del 2022 cuando la Corte Suprema falló a favor de la familia de una niña de seis años que fue mordida por un perro de calle en Villarrica, zona lacustre de La Araucanía, condenando a la Municipalidad a pagar 23 millones de pesos como indemnización por daños morales y falta de servicio, hecho que marcó un precedente a la hora de hablar de los denominados “perros asilvestrados”.
La Organización Mundial de Sanidad Animal, define perro asilvestrado como “perro doméstico que ha vuelto al estado silvestre y ya no depende directamente del ser humano”, curiosamente nuestra Ley de Tenencia Responsable “Ley Cholito”, no define lo que se entiende por “perro asilvestrado” sino que define, lo que se entiende por: Mascota, animal abandonado, perro callejero, perro comunitario, animal perdido y animal potencialmente peligroso.
Abandonados o asilvestrados, han causado daño en zonas rurales donde se ha evidenciado ataque de estos animales hacia ganado o aves, sin que nadie responda al respecto.
En conversación con Radio Sago, Juan Cristóbal Grunwald, Asesor Jurídico Agrollanquihue A.G., sostuvo que son los municipios y la Seremi de Salud los entes responsables en caso de un ataque de estos animales.
Por su parte, Cristian Andrade, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, igualmente señaló a las casas edilicias como los responsables de estos perros sin dueño que circulan en zonas rurales.
La “Ley Cholito” detalla que a nivel comunal, las municipalidades están facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro promotora de la tenencia responsable, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma su tenencia responsable.
Además, les corresponderá fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, es decir, todas aquellas infracciones a las normas de la tenencia responsable será fiscalizadas por los inspectores municipales, quienes tendrán que remitir los antecedentes ante el juez de policía local.
