Poco menos de dos días alcanzó a estar en Contraloría el decreto que autorizaba el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en la Macrozona Norte para controlar las zonas críticas de la frontera, como parte del catálogo de lugares denominados como infraestructura crítica.
La medida tiene como objetivo controlar y revisar a quienes ingresen al país de manera ilegal. “Las Fuerzas podrán controlar la identidad de cualquier persona que se hallare al interior de las áreas de zonas fronterizas y proceder al registro de sus vestimentas, equipaje o vehículo, en los términos señalados en los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal”, decía el decreto.
Sin embargo, el Ministerio del Interior decidió retirar el decreto, antes que comenzara su tramitación para la toma de razón y así corregir algunos errores de forma que tenía el decreto.
Por otro lado, en la oposición, los senadores Kenneth Pugh (Independiente) y Manuel José Ossandón (RN), habían expresado al Ejecutivo -durante la jornada del miércoles- los reparos que tenían con el decreto, especialmente, con la poca claridad que había respecto de cuándo los efectivos podían disparar y qué es considerado como legítima defensa.
Ese mismo día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había salido clarifica que “los militares no van a ir a la frontera a tomar a disparos (a disparar) todo lo que se mueva, van a ir a hacer controles de identidad, a registrar y a detener a las personas que han hecho uso irregular de los movimientos en la frontera o sean sorprendidas cometiendo un delito”.
“Herramientas que se entregan para que actúen son las propias de nuestro actual ordenamiento jurídico”, agregó, recordando que en la aprobación de la reforma para permitir el resguardo de infraestructura crítica “se estableció que va a hacerse un trabajo para revisar la normativa chilena respecto de las reglas de uso de la fuerza, tanto de las FF.AA. como de Carabineros”.
En el Ejecutivo pretenden realizar los cambios al decreto durante esta jornada para volver a ingresarlo lo antes posible.
Fuente: La Tercera