La Sala del Senado aprobó en general y en particular el proyecto de Ley Naín-Retamal, que busca reforzar y proteger la función de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Después de que la propuesta obtuviera 40 apoyos y sólo cinco votos en contra, el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, dio paso a la discusión en particular de la iniciativa, que contó con más de 120 indicaciones del Ejecutivo y los parlamentarios.
La sesión estuvo suspendida por más de una hora y media la noche del martes, tiempo durante el cual los representantes del Gobierno ajustaron sus enmiendas y negociaron ampliamente con los distintos comités.
Como resultado de estas gestiones, la Sala aprobó por mayoría la renovada indicación clave del proyecto, en torno a la legítima defensa.
Este apartado ahora sostiene que «se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa».
«Los Tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparezca, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo», precisa.
La extensa sesión concluyó cerca de las 2:00 horas del miércoles, siendo despachada la iniciativa para cursar su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
LA PREVIA DE LA SESIÓN
El lunes se generó una polémica luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se retirara de la Comisión de Seguridad tras el rechazo que hubo a una indicación del Ejecutivo, que modificaba el artículo que establece la presunción del uso justificado de las armas de servicio, más conocido como «defensa privilegiada» cuando se actúe en defensa propia, tercero o para impedir un delito.
No obstante, posteriormente, la ministra Tohá aseguró que el Gobierno repondrá las indicaciones durante el debate en la Sala.
La sesión comenzó pasadas las 16:00 horas, sin embargo, fue suspendida unos minutos para proceder a reuniones de comité, para aclarar la forma en que se va a proceder en la votación, y luego fue retomada.
En la previa, llegó Tohá acompañasda del ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra subrogante de la Segpres, Macarena Lobos, quien se reunió con todos los senadores oficialistas (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad), además de la Democracia Cristiana, para definir la estrategia de cómo van a afrontar esta votación.
Asimismo, más temprano, el Presidente Gabriel Boric formuló «un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad» y pidió escuchar «a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual como está, y más aún después de lo que se aprobó ayer en la Comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a Carabineros».
Desde la oposición, el senador Francisco Chahuán (RN) aseveró en la antesala que «por los familiares de Carlos Retamal y del carabinero Naín, no vamos a descansar hasta que finalmente este proyecto sea aprobado; (para) darle dignidad a nuestros carabineros, a nuestros funcionarios de la PDI y de Gendarmería, vamos a sacar adelante este proyecto».
POSIBILIDAD DE UN VETO PRESIDENCIAL
Consultada por la opción de un veto presidencial, que toma fuerza en Apruebo Dignidad, la ministra Tohá se limitó a señalar que «cuando se está en una sesión del Pleno del Senado, uno hace un esfuerzo de dialogar con los senadores, en eso estamos. A eso vamos y en eso hemos estado toda la mañana y vamos a seguir toda la tarde».
«Terminados esos esfuerzos, se evaluará la etapa que sigue, que probablemente va a ser la Cámara, y ahí vamos viendo», apuntó.
No obstante, desde Socialismo Democrático, el senador José Miguel Insulza (PS) planteó que «si tenemos posibilidades legislativas, mejor las usamos. El veto no es una mala posibilidad, pero lo que puedo asegurar es que soy partidario de usar todos los medios para que un pésimo proyecto no pase».
«Quiero mejorarlo, no quiero derribarlo, pero si no dejan mejorarlo, tendrán que atenerse a las circunstancias», advirtió.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que «cuando uno hace reserva, se plantea que puede haber un punto de inconstitucionalidad. Ahora eso hay que fundamentarlo, tenemos que esperar como sale el proyecto en definitiva del tercer trámite o si va a una mixta y luego con nuestros asesores o equipos de abogados estudiaremos si amerita ir al TC por alguno de estos artículos».
El ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó que «la opinión del Ejecutivo es que la solución es satisfactoria desde la perspectiva que trata de resguardar distintos intereses. Por una parte, es muy precisa que la legítima defensa en el caso de las policías se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o la de terceros».
«En el caso de la protección de bienes, la legítima defensa no es la institución procedente, sino que una causal distinta, que es el correcto desempeño de la función pública asignada», precisó.
La autoridad añadió que «lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común, las posiciones e ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás y el Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas el veto».
Fuente: Cooperativa
