La iniciativa busca establecer un plazo general para el proceso de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas.
Facilitar la regularización y perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas y recursos hídricos es el objetivo del proyecto que aprobó la Sala de la Cámara.
El texto, que ahora verá el Senado en segundo trámite, prorroga el plazo establecido en la Ley 21.435 (Código de Aguas). Ello, en lo referente a la inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
La propuesta extiende hasta el 6 de abril de 2025 el plazo para la inscripción de los citados derechos. Posteriormente, estos derechos de aprovechamiento de aguas caducarán. Se exceptúa a los usos actuales de las aguas sobre los que se haya iniciado el procedimiento de regularización.
Además, se establece que el Indap, las Organizaciones de Usuarios y la Dirección General de Aguas (DGA), deberán velar por la difusión e información de estas disposiciones.
Asimismo, se prorroga de un año a tres el plazo para iniciar los trámites para conformar las Comunidades de Aguas Subterráneas, en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición declaradas antes de la publicación de esta ley.
También se indica que los conservadores de bienes raíces, previo informe de la DGA, a petición de parte, podrán efectuar inscripciones individuales de derechos de aprovechamiento de aguas. La constitución de las organizaciones de usuarios promovidas por la DGA serán la base para estas inscripciones.
Procedimiento administrativo de la regularización
Una novedad del proyecto es que establece un procedimiento administrativo especial para perfeccionar o completar los derechos de aprovechamiento.
Una vez que la resolución administrativa que perfeccione el título del derecho de aprovechamientos de aguas esté firme y ejecutoriada, la DGA lo registrará en el Catastro Público de Aguas.
Hasta ahora, este procedimiento se tramita en los tribunales de justicia. Con esta innovación, el trámite será más expedito y menos caro para los usuarios.
Origen y debate
El proyecto surgió a partir de cuatro mociones (boletines 15667, 15597 , 15588 y 15784) que buscan solucionar una necesidad latente para las pequeñas comunidades agrícolas.
Diversas organizaciones del mundo rural han señalado que el plazo original de la ley – 18 meses desde la publicación – no es suficiente para que todos los titulares de estos derechos formalicen su situación. Esto, dado que, primero, se les debe informar sobre el requerimiento y, luego, deben realizar el trámite. La preocupación es que caduquen sus derechos de aguas por falta de información.
En el debate intervinieron Víctor Alejandro Pino (IND), Francisco Pulgar (IND), Marco Antonio Sulantay (UDI), Daniella Cicardini (PS), María Francisca Bello (PCS), Juan Antonio Coloma (UDI), Chiara Barchiesi (PREP), Jaime Mulet (FRVS) y Consuelo Veloso (RD).
En la discusión se valoró esta iniciativa que beneficiará a pequeños usuarios y comunidades indígenas. Las y los legisladores destacaron que ello permitirá a muchos grupos que no han podido regularizar sus derechos, acceder al trámite de una forma menos onerosa.
Fuente: Cámara Diputados
