El ataque incendiario que destruyó la escuela particular Bollilco, ubicada entre Victoria y Curacautín, en la Región de La Araucanía, fue uno de los últimos ataques violentos que volvió a tensionar la Macrozona Sur y que se produjo incluso ante la presencia militar en la zona.
Es que a pesar de que hace más de un año las Fuerzas Armadas (FF.AA.) están desplegadas en La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, los hechos violentos no cesan y, es más, durante los últimos meses se han intensificado.
Así lo reconocen en el gobierno, donde la ministra del Interior, Carolina Tohá, tomó la decisión de dar un vuelco en la manera de enfrentar el estado de excepción en la Macrozona Sur, ampliando las facultades de las FF.AA., a través de la presentación de un nuevo decreto que entró por el Senado y en sesión secreta. Con esto se pone fin a lo que este gobierno llamó un “estado de excepción acotado a solo carreteras”.
“Cambia el tenor propiamente del decreto que hace efectivo el estado de excepción, y en lugar de hacer mención en que se busca la seguridad en las rutas, la libre circulación, la protección de las vías, de la seguridad y a vida de las personas, se omite toda causal y se hace referencia simplemente a que los jefes de la Defensa Nacional van a tener las facultades previstas en el artículo 5to. de la Ley 18.415 y deberán observar las reglas de uso de la fuerza, contenido en el decreto supremo”, dijo la ministra ante la Cámara Alta.
Esto quiere decir que en el artículo del oficio anterior, es decir, el que señala que las FF.AA. debían asegurar “libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”, fue reemplazado.
Ahora, en cambio, se establece brevemente, y sin mayor acotación: “Declárese estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío”.
De esta manera, el despliegue de los militares en La Araucanía y la Armada en el Biobío no sólo queda circunscrito para proteger las rutas, sino que también para todo el territorio donde sea necesaria su presencia, siempre y cuando se respete el mando del jefe de la Defensa Nacional y se apliquen las Reglas del Uso de la Fuerza.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, grafica que “volvemos al mecanismo de declaración de estado de excepción tradicional, que es la competencia general del artículo 5° de la ley de estado de excepción (…). Se evita cualquier argumentación de un estado de excepción acotado”, aseguró.
Si bien ahora el gobierno formalmente, a través del nuevo decreto, reconoce que el estado de excepción ya no será acotado, es algo que de La Moneda ya venían diciendo desde antes de la administración de Tohá.
En junio del año pasado, su antecesora, Izkia Siches, respondió ante el Congreso -debido a cuestionamientos que levantaron desde la oposición- y aseguró que la medida no era acotada.
“Se ha tratado de hacer un punto político de si este estado es acotado o no acotado, quiero señalar con mucha claridad y también responsabilidad que operativamente no solo es igual, sino que los resultados en torno al análisis de lo que ha sido el estado de excepción constitucional, instruido e implementado por el gobierno anterior y el actual, no es muy diferente y, de hecho, nuestros datos son superiores”, dijo en la oportunidad.
En un inicio La Moneda optó porque el estado de excepción fuera acotado, debido a que en sectores de los partidos de gobierno, sobre todo en el PC, existía molestia por su implementación, ya que es una herramienta que como sector siempre estuvieron en contra, porque no querían “militarizar La Araucanía”.
Y parte de esa incomodidad sigue presente hasta hoy entre los parlamentarios comunistas.
Si bien en la Cámara, el nuevo estado de excepción se aprobó con amplia mayoría (87 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones), la novedad fue el desmarque colectivo de la bancada del PC.
Aunque Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo y Nathalie Castillo ya venían votando sistemáticamente en contra de las renovaciones de la presencia militar, lo sorpresivo fueron las abstenciones de Luis Cuello (jefe de bancada), Alejandra Placencia (subjefa), Boris Barrera, Carolina Tello y Daniela Serrano. También a pesar de haber concurrido ayer en la mañana al Congreso, se ausentaron de la sesión de la tarde: Lorena Pizarro y Marisela Santibáñez. Por su parte, Karol Cariola y Carmen Hertz fueron las únicas que no estuvieron en toda la jornada por razones de salud.
En el PC optaron por no hacer declaraciones tras la sesión, sin embargo, algunos de ellos admitían que la decisión de restarse se debía a las dudas e incomodidad con la ampliación de estado de excepción.
“Cambio en la modalidad de ejecución de los hechos violentos”
En el nuevo decreto se advierten algunos de los argumentos del gobierno para ampliar el estado de excepción.
Por ejemplo, en el decreto se lee que “debido a los resultados obtenidos por las estrategias desplegadas por las Fuerzas de Orden y Seguridad por parte de la Jefatura de la Defensa Nacional de las zonas afectadas, se ha producido un cambio en la modalidad de ejecución de los hechos violentos”.
En esa misma línea se agrega que “esta nueva modalidad requiere adaptar las estrategias que implementan el estado de excepción constitucional de emergencia con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, bajo el mando de los jefes de la Defensa Nacional respectivos”.
Durante el año, según las cifras que maneja Interior, se han registrado más de 390 hechos delictuales, donde los grupos más radicales que operan en la zona han localizado sus acciones sobre la población civil, atentando de manera violenta sobre la integridad física de las personas.
Ejemplo de ello, también, es lo que ocurrió el 16 de mayo, cuando se registraron siete hechos violento en un día, entre ellos, el ataque a balazos a la casa del consejero republicano Héctor Urban, en la comuna de Ercilla.
Señal política y operativa
En el Ejecutivo explican que el cambio de criterio también busca dar una señal de apoyo y flexibilidad a los militares y jefes de la defensa para organizar el trabajo en el territorio y no quedar “amarrados” a ejercer sus labores en una sola zona determinada
Además, advierten que se da esta señal porque los atentados de los últimos días se califican como “graves” y se requiere más apoyo del ente político, lo cual -aseguran en el Ejecutivo- fue conversado previamente con las bancadas del oficialismo y la oposición, a través de la propia ministra Tohá y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Pero no sólo hubo consideraciones políticas, sino que también operativas. El Ejército no cuenta con los mismos recursos logísticos que antes, sino que vio incrementados sus insumos a través de una serie de inyecciones de nuevos blindados y bases militares proporcionadas por el gobierno.
Se instalaron cuatro puestos de avanzada en las comunas de Los Álamos, Contulmo, Tirúa y Mulchén, en tanto, en La Araucanía hay otros tres en Lumaco, Capitán Pastene y Curacautín. Esto permite que los efectivos puedan llegar más rápido a los puntos donde se estén registrando atentados y, además, también sirve como acción disuasiva o de alerta.
Entre las autoridades policiales de la zona valoran la medida, sin embargo, ya dan por descontado que habrá una pronta contrarrespuesta de los grupos más radicalizados. Se espera que las próximas horas sean de alta tensión en la denominada Macrozona Sur.
Fuente: La Tercera
