El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de centralizar las funciones de seguridad interior y orden público. El proyecto fue previamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. La primera votación en la Sala correspondió a las normas que no fueron modificadas, mientras que posteriormente se aprobaron las normas que generaron más debate.
Una de las disposiciones aprobadas otorga al nuevo ministerio la facultad de controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervisar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos, así lo informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien recordó que se trata de una iniciativa de larga data.
También se aprobó la creación de un Consejo Regional de Seguridad Pública, presidido por el Delegado Presidencial Regional, en el que participarán los gobernadores regionales y alcaldes.
En este nuevo marco normativo, el delegado presidencial es el equivalente al ministro del Interior a nivel regional, mientras que el comisionado de Seguridad Pública será el encargado de la seguridad. Aunque los gobernadores regionales tienen mayores atribuciones en materia de seguridad, no tienen competencia en control y persecución del delito ni mando sobre las policías.
El proyecto establece que el nuevo ministerio estará encargado de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos de seguridad multidimensional y seguridad pública. Carabineros, la PDI y la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad estarán bajo la dependencia jerárquica de este ministerio. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) también colaborará en materias de seguridad pública.
El Ministerio de Seguridad comprenderá dos subsecretarías: Seguridad Pública y Prevención del Delito. La iniciativa ahora pasa a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
La creación de este ministerio recordemos forma parte de un acuerdo entre el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados para impulsar una agenda de seguridad en respuesta a las demandas ciudadanas en esta materia.
