Como parte de la política de combate contra las bandas delictuales que operan al interior de los recintos penitenciarios del país, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile efectuaron el octavo allanamiento nacional simultáneo de 2023, el que se llevó a cabo en 67 unidades penales de las 16 regiones del país.
Justo a un año del inicio de estos procedimientos, que comenzaron el 22 de junio de 2022, se organizó el mayor allanamiento de la historia de Gendarmería, interviniendo a 19.090 personas privadas de libertad, lo que constituye casi un 50 por ciento de la población total, con la participación de 4.952 funcionarios.
En la región de Los Lagos, el allanamiento se efectuó en dos módulos de alto compromiso delictual del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, en un módulo de condenados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y en la totalidad de los Centros de Detención Preventiva de Ancud y Castro.
En Alto Bonito se intervinieron los módulos 52 y 43. En el 52, que alberga a 136 internos, se incautaron 68 armas blancas artesanales, 14 teléfonos móviles y un envoltorio con cannabis sativa. En el 43, que alberga a 98 internos, se decomisaron 41 armas blancas artesanales y 10 teléfonos móviles.
En la cárcel de Osorno se allanó el módulo 2 de condenados, que alberga a 120 internos, incautándose 5 armas blancas artesanales, 1 teléfono móvil, 1 envoltorio con cannabis sativa, 5 pastillas sicotrópicas, una sierra de cortar metal y 12 litros de licor artesanal.
En Castro, el procedimiento abarcó los dormitorios 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con un total de 141 internos intervenidos. Se decomisó 2 cargadores con cable usb y cuatro pipas artesanales. Finalmente, en Ancud, se allanó a 62 internos y no se incautaron elementos prohibidos.
La directora regional de Gendarmería en Los Lagos, coronel Angélica Briones Castillo, destacó la trascendencia de este tipo de operativos y su valioso aporte a la seguridad ciudadana.
“Este es el octavo allanamiento nacional de este año y el decimoséptimo desde que comenzaron a efectuarse estos operativos en junio del año pasado. Es un trabajo permanente y constante, que está dando sus frutos y que nos permite disminuir los delitos que se cometen desde el interior de los recintos penitenciarios, fortaleciendo la seguridad tanto de la población penal como de nuestros propios funcionarios”.
La coronel agregó que “tener establecimientos penitenciarios seguros nos permite contribuir con la seguridad pública, y, eliminar los elementos prohibidos posibilita que estos establecimientos puedan cumplir su rol, que es tener las condiciones suficientes para generar la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
