Ello después que el contralor Jorge Bermúdez congelara la toma de razón de todos los convenios en el país tras los casos que estallaron en medio de cuestionados traspasos de recursos públicos.
A un mes de esa medida, la entidad ya cuenta con un primer estado de avance que establece que de 34 casos analizados, 29 convenios no cumplían los estándares legales para realizarse. La situación más compleja se detectó en el Gobierno Regional de Los Lagos, ya que a pesar de la objeción, igualmente se transfirieron más de $ 600 millones, por lo que se abrió un sumario.
De acuerdo al estado de avance de este proceso, donde Contraloría ya han revisado 34 convenios que habían sido congelados, se estableció que en 29 casos no se cumplen los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales.
Las transferencias de fondos en la Región de Los Lagos abrieron la sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en el Gobierno Regional de Los Lagos.
En ese marco, el que se declare la ilegalidad de un convenio significa que este vuelve a fojas cero, es decir, se anula.
La core María Angélica Barraza, presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Regional de Los Lagos, calificó la situación como extremadamente grave.
En tanto, el core César Negrón , presidente de la Comisión Llanquihue, indicó que aún no han sido informados oficialmente por Contraloría, no obstante, los antecedentes que se han conocido en las últimas horas, son muy preocupantes.
El Ministerio Público abrió nueve investigaciones entre Antofagasta y la Región de Los Lagos. De hecho en esta región incluso, se allanaron las dependencias de la Gobernación Regional y es acá donde precisamente Contraloría detectó las principales irregularidades que dieron paso a la apertura de un sumario.
Entre las transferencias declaradas ilegales por Contraloría figuran los $ 1.200 millones que el GORE de Los Lagos entregó a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün. Lo mismo ocurre con tres transferencias realizadas a la Fundación Chinquihue por un total de $ 2 mil millones, convenios que son objeto de la investigación por parte de la Fiscalía.
Además, el caso que generó una mayor aprensión de los fiscalizadores fue cuando detectaron de que pese a que un convenio fue declarado ilegal, previa revisión hecha por Contraloría, igualmente se entregaron más de $ 667 millones a la “Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”.
En este caso, el organismo contralor liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el Gobierno Regional de Los Lagos, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que correspondan, principalmente por materializar la entrega de fondos públicos pese a la declaración de “ilegalidad”.
En ese marco, desde Contraloría no descartan remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público para que sean incorporados en la investigación que ya lleva la Fiscalía.
