A horas de que venciera el plazo (a las 00:00 del sábado), el gobierno del Presidente Gabriel Boric envió sus observaciones (“vetos”, en la jerga legislativa) al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
Las correcciones que envió La Moneda buscaban eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.
Las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga.
En estos dos puntos se logró un relativo consenso en la mesa técnica que instaló el gobierno con la oposición, que encabezó la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, y en la que participaron asesores jurídicos de la derecha.
El veto (que en realidad se fraccionará en varios vetos) también contempla una modificación de la escala de sanciones según la gravedad de las usurpaciones, pero manteniendo en todas las situaciones la posibilidad de una pena de cárcel.
En aquellas ocupaciones de propiedades en las que se incurra en violencia o intimidación contra personas se propone presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años). Cuando hay daños a objetos (una puerta o un cerco), se plantea igualmente presidio, pero en una escala inferior (61 días a 541 días).
Sin embargo, según quienes participaron de las tratativas, las tomas no violentas (“residuales” en la terminología jurídica, pues se trata de casos no especificados en el Código Penal) se transformaron en el último nudo de las negociaciones.
Para estas tomas sin violencia, las bancadas de izquierda, especialmente la del Partido Comunista, rechazan que haya una pena de presidio. El PC, incluso, es reticente a que se contemple la cárcel cuando la toma sólo implica daños a cosas.
La derecha, en tanto, exige que exista una privación de libertad, aunque sea leve, en estas ocupaciones en las que no hubo actos de fuerza.
En estos casos de tomas sin violencia, el Ejecutivo propone que las penas vayan de multas a presidio, pero deja en manos del juez la decisión, según caso a caso.
Actualmente el Código Penal en sus artículos 457 y 458 sólo contempla penas de multas para quienes ejecuten usurpaciones ya sean violentas o no violentas contra las personas y las cosas, sin perjuicio de que pueda haber sanciones penales adicionales por actos que terminen en lesiones o, incluso, homicidios.
No obstante, por sí mismo, el delito de usurpación no implica pena de cárcel, aspecto que la norma despachada por el Congreso, en agosto pasado, pretendía cambiar.
De hecho, la iniciativa aprobada por la Cámara y el Senado señala que cuando haya violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, se aplicará una pena de “presidio menor en su grado medio a máximo”. Además, agrega que, si no hay situaciones de violencia o fuerza, igualmente se aplicará el presidio menor, pero “en su grado mínimo a medio”.
La gran concesión del gobierno a la derecha es que las observaciones del Presidente dejan al menos un castigo de cárcel para los casos más graves.
Además, en el veto no se altera la “flagrancia permanente” de la usurpación. Esta figura implica que el delito (en este caso una toma) se sigue cometiendo mientras dure la ocupación de un inmueble. Ello permite que Carabineros pueda intervenir en cualquier momento sin necesidad de una orden judicial.
En medio de las tratativas, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) -quien participó de las conversaciones a nivel político que se dieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS)- ayer hizo una severa advertencia a La Moneda.
“Llamo al gobierno a tener muchísima precaución con lo que va hacer, porque si al final el veto va desnaturalizar (la ley despachada por el Congreso) y va a dejar algo parecido a cómo era antes el tema de usurpación, o la usurpación va a ser sancionada con una multa y no como si fuera un delito, vamos a tener un problema severo. Y un problema que parecía resuelto, lo vamos a dejar pendiente. Creo que eso sería una mala señal”, expresó el senador UDI.
“Lo que no puede ocurrir es que después de un esfuerzo de años del Congreso por recuperar el Estado de Derecho y tener una ley de usurpaciones que funcione, porque lo de hoy día no funciona, si el veto por presiones de sectores políticos internos de la izquierda más dura del gobierno, termina siendo un veto que en la práctica impida que funcione esa nueva ley y se sancione en forma débil a las usurpaciones, vamos a tener un problema máximo”, añadió.
Las palabras de Coloma generaron preocupación en el oficialismo, ya que como presidente del Senado tiene atribuciones para incidir en la recalificación del veto, es decir, cambiar la calidad de sustitutivo (que reemplaza un texto), supresivo (que elimina esa parte) y aditivo (que añade elementos a la redacción). Este punto no es menor, ya que, si el veto es sustitutivo y se recalifica como aditivo, la propuesta de correcciones del gobierno puede ser rechazada y prevalecería el texto original que aprobó el Congreso.
