La acción jurídica fue interpuesta en contra de Andrés Ibáñez, Rubén González, Ruth Caicheo, Samuel Mandiola y Alex Muñoz y el argumento esencial de la acusación es por faltas graves a la probidad administrativa entre lo que se menciona que: «han vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa, aprobando reajustes salariales a parientes, que ofician dentro de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor”.
El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, explicó que no es su intención transformar esto en un punto político, por lo que se pronunciará a medida que se vayan conociendo los avances de la investigación.
Asimismo, señaló que la admisibilidad da a entender que el trabajo de los abogados va por el camino correcto, mostrándose sorprendido por la rapidez con que fue declarado admisible dicho requerimiento.
Recordar que otro cargo contra los concejales se vincula con una infracción al principio de legalidad que implica una falta administrativa por la votación en el nombramiento del director de control de la Municipalidad.
El documento consigna que los concejales Andrés Ibáñez, Rubén González, Ruth Caicheo, Samuel Mandiola y Alex Muñoz “han infringido gravemente el principio de legalidad al rechazar el nombramiento del director de control, Oscar Díaz del Campo”. La otra infracción se vincula con la vulneración a la Ley del Lobby al no declarar viajes y reuniones, entre otros puntos que serán revisado por el Tribunal Electoral de la Región de Los Lagos.
