La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados ha votado favorablemente el veto presidencial presentado por Gabriel Boric, referente a la modificación del Código Penal chileno sobre el delito de usurpación. Este proyecto busca imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en esta falta.
El gobierno ha expresado particular interés en dos aspectos: uno es la exclusión de la legítima defensa privilegiada permanente en la normativa y, en segundo lugar, la implementación de una gradualidad en las penas para casos de usurpación no violenta, en contraposición a la pena única de cárcel que establece el proyecto original del Congreso.
La observación crucial que se ha aprobado en la Comisión dicta que, en situaciones donde la usurpación se realice sin violencia, intimidación o daños, la sanción sería una pena menor o una multa económica. Para imponer una pena mayor, se considerarán factores como condenas previas por usurpación, acciones para eludir a la justicia o conocimiento previo de usurpaciones en el mismo inmueble.
En contraste, para asignar una pena menor, se tomará en cuenta si la acción fue por necesidad habitacional o si hubo restitución voluntaria del inmueble.
La votación en la Sala está programada para este miércoles 8 de noviembre, concluyendo así un debate legislativo que ha durado meses en el Congreso. Este paso en la legislación es un reflejo del esfuerzo continuo por equilibrar las necesidades de seguridad y justicia con un enfoque humano y situacional ante el delito de usurpación.
Fuente: ADN
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