A través de un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tuvo acceso el diario El Mercurio, se dio amplia difusión al reconocimiento que la violencia en la Macrozona Sur, además de vulnerar a los pueblos indígenas, “ha provocado una afectación a los derechos humanos de actores no indígenas”, según se publicó en el documento.
Este análisis, denominado «Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023», fue aprobado por unanimidad por el consejo del INDH y fue enviado el viernes pasado al Presidente Gabriel Boric.
En él se detallan que los principales afectados por esta crisis de tierras y violencia armada, ha afectado a pueblos originarios, agricultores y gremios que trabajan en la zona.
Al respecto, el senador de la Región de Los Lagos, Iván Moreira, instó a las autoridades respectivas a tomar cartas en el asunto, pues la violencia desde el Biobío hasta Los Ríos, también es un peligro latente en la provincia de Osorno, argumentó.
De todas formas, el parlamentario de la UDI valoró el estudio del INDH, aunque solicitó que no se quede solo en eso, sino que también se condene la violencia.
El informe realizado por el ente supervisor de los Derechos Humanos, abordó también múltiples expresiones de violencia, tales como la vulneración del derecho a la libertad religiosa, a propósito de los ataques en contra de sitios sagrados indígenas e iglesias cristianas.
