Desde que se inició el caso, a mediados de junio, desde el círculo de la diputada insistían en que no era sospechosa de ilegalidades y que su figura estaba sólo radicada en calidad de testigo. Sin embargo, a casi cinco meses del escándalo, a través de una petición al tribunal para acceder a sus teléfonos, los persecutores definieron su rótulo. Ahora, van por sus comunicaciones y contactos telefónicos.
En parte, la causa impactó a la opinión pública, por la amistad de Contreras y Andrade, este último, pareja de la diputada Catalina Pérez. Al momento de cerrar los convenios, entre septiembre y octubre del 2022, todos eran militantes de Revolución Democrática, y el exseremi había sido jefe de gabinete de la diputada Pérez.
Sin embargo, desde el círculo de la diputada siempre advirtieron que Pérez no era imputada en la causa, sino que eventualmente testigo.
A pesar de esa aseveración el 19 de julio un informe de la PDI dio las primeras pistas. “Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, concluyó la policía.
El informe lo dio a conocer en septiembre La Tercera, pero el abogado de Pérez, Gonzalo Mardones, descartó cualquier vínculo irregular de su representada. Es más, el 23 de septiembre, aseguró que “no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha”.
Pero, la certeza del equipo político y jurídico de la diputada -suspendida de RD- fue retrucada por la Fiscalía, a través de un requerimiento a la PDI para que indagara sus comunicaciones telefónicas.
En el documento firmado por el fiscal Cristián Aguilar, con fecha 12 de octubre, se lee que de acuerdo a la investigación por fraude al Fisco, malversación y lavado de activo, “solicito a Ud. practicar las siguientes diligencias: Se realice el análisis del tráfico de llamadas del número (…) correspondiente a la imputada diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, para determinar comunicaciones con los restantes imputados u otros sujetos de interés en la investigación, como de cualquier otra circunstancia relevante que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
La instrucción a la PDI tenía un sustento judicial, dado que que el 4 de octubre la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta acceder a los dos teléfonos que, para el Ministerio Público, figuraban como de propiedad de la diputada Pérez.
Ese día el fiscal Aguilar le explicó al tribunal -a través de un escrito- que “con ocasión de la celebración de Convenios de Transferencia de fondos, por una suma cercana a los $ 426 millones, entre la Seremia de Vivienda de Antofagasta, por medio del ex Seremi Carlos Contreras Gutiérrez y la Fundación Democracia Viva de su representante Daniel Andrade Schwarze”, más la declaración de testigos, pedía acceder a las comunicaciones de Pérez.
Al referirse a la parlamentaria, expuso que de acuerdo a la información recabada por la Bridec de la PDI “se ha determinado que la H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, quien es investigada como imputada”, ha utilizado dos teléfonos. Y, por lo mismo, “vengo en solicitar autorización para solicitar a la empresa ENTEL y MOVISTAR el tráfico de llamadas telefónicas (voz) y el tráfico de datos móviles (internet) de antenas, que fue operado durante el tiempo comprendido entre los días 01 de Mayo de 2022 y el 30 de Junio de 2023″.
El tribunal autorizó la diligencia y pidió informar a las empresas telefónicas vinculadas a los números de Pérez para que “en ambos casos para determinar las comunicaciones y ubicación del sujetos que participaron en el delito investigado”.
Una de las compañías respondió respecto de uno de los números asociados, pero que abrió una nueva interrogante en el Ministerio Público: “Este servicio telefónico se encontró activo desde el 25 de agosto de 2008 hasta la baja de su servicio registrada el 10 de junio de 2022″.
La Fiscalía indaga como imputada a la diputada Pérez y por eso ya revisa su teléfono: la Unidad de Lavado de Activos (UAF) reportó operaciones sospechosas en sus cuentas, y busca esclarecer su participación en el escándalo que sacude a RD.
Fuente: La Tercera
