El Gobierno volvió a salir al paso de la nueva polémica por la entrega de pensiones de gracia, por haber sido víctimas de la represión durante el estallido social, a personas que mantienen antecedentes o condenas por delitos, y confirmó que promoverá una ley para regularlo.
El asunto reflotó tras conocerse que Andrés Fuica Fuica, sentenciado por saquear un supermercado durante octubre del 2019 -época del estallido-, es una de las 418 víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado que recibe la reparación pecunaria, cifra de la cual 148 solicitudes fueron aprobadas en los últimos meses del mandato de Sebastián Piñera y 270 ya en la Administración de Gabriel Boric.
En septiembre pasado, en la comisión investigadora sobre la entrega del beneficio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), había precisado que del total de beneficiados desde el 2022, cerca de 40 han sido condenados por distintos delitos, entre ellos, algunos cometidos durante el mismo estallido.
Este jueves, en tanto, reiteró que «el Gobierno anterior y éste han respetado expresamente lo que decía la glosa (presupuestaria), que decía que había entregar pensiones de gracia a víctimas del estallido social que tenían informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos».
«Ni la ley, ni la glosa ni el reglamento establecían tener a la vista los antecedentes penales de las personas. Por tanto, ni el Gobierno anterior ni éste pidieron los antecedentes penales porque no estaba establecido ni en la ley ni en el reglamento», reforzó.
Sin embargo, opinó que, «a partir de los hechos, nos parece que ese procedimiento evidentemente tiene falencias, y por tanto es razonable y necesario que la autoridad pida los antecedentes penales».
En septiembre ya hubo controversia, luego de que la autoridad expusiera aquellas cifras. Posteriormente, la oposición presentó tres proyectos de ley para impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma (boletines 16305-31, 16310-31 y 16304-31).
Más temprano esta jornada, Monsalve había adelantado en El Mercurio que el Ejecutivo ingresará indicaciones para establecer como obligación que las autoridades revisen los antecedentes de los solicitantes de la reparación pecunaria y un mecanismo para revocarla en caso de que estos sean condenados por un delito.
Intención que refrendó en un punto de prensa de esta mañana al explicar que, según las normas vigentes, no existe manera de dejar sin efecto el otorgamiento del beneficio, luego de que desde la comisión investigadora afirmaran que buscarán aquello.
«NO EXISTE LEY QUE FACULTE A REVOCAR PENSIÓN DE GRACIA»
El diputado Henry Leal (UDI), presidente de la instancia, que la próxima semana votará su informe final, planteó que «el Gobierno puede dejar sin efecto esas pensiones, porque en cada una de las resoluciones se deja establecido expresamente que se mantendrán mientras subsista el mérito y los antecedentes que se tuvieron en vista para otorgarla».
«Como ahora hay nuevos antecedentes, como es de público conocimiento que hay una persona que está prófuga (por estafa, según se supo en septiembre) y algunas tienen condenadas relevantes, el Presidente tiene la facultad para dejar sin efecto esas pensiones de gracia. Lo puede hacer y esperamos que eso ocurra», aseguró.
Sin embargo, Monsalve, que por estos días funge como ministro subrogante, aclaró que «nunca en la historia los gobiernos han revocado pensiones de gracia, porque no existe una ley que explícitamente entregue esa facultad».
Por ello, «vamos a ingresar una segunda indicación para entregarle esa facultad a la autoridad política para revocar el beneficio cuando las personas incurran en conductas que justifiquen revocarlo».
Fuente: Cooperativa
Imagen: https://www.nuevarevista.net/infierno-en-el-oasis-chileno/
