Desde que se conoció un informe de la Contraloría General de la República, donde se revisaron 418 pensiones de gracia durante 2022, para víctimas del estallido social de octubre de 2019, la polémica continúa ramificándose.
Una de las voces críticas a este proceso vinieron desde el centro de estudios, ligado a la derecha, el Instituto Res Pública.
En conversación con Radio Sago, el analista político Ricardo Hernández, sostuvo que este es un hecho delicado, ya que la decisión de entregar este tipo de pensiones es facultad y decisión del Presidente y que ahora se tengan que revocar 25 de estos 418 subsidios, se presta para confusión en la ciudadanía.
El profesional agregó que el informe de Contraloría que detectó estas irregularidades, pone en tela de juicio las distinciones que tienen este tipo de pensiones de gracia y que se están mal utilizando.
Para Ricardo Hernández, incluso las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, la cual dijo que las víctimas de traumas oculares seguirán recibiendo la pensión, independiente de sus antecedentes penales, también genera en la sensación de inseguridad en la gente, lo cual es un tema fundamental.
Por último, el analista emplazó a la izquierda más radical, como el Partido Comunista que amenazó con acudir a instancias superiores si se revocan las pensiones de gracia, que ese acto no es más que “romantizar la violencia”.
