Una gran sorpresa se llevaron concejales de distintas comunas de la provincia de Llanquihue al no estar enterados que los alcaldes – en una carta firmada- a través de la Asociación de Municipalidades, presidida actualmente por el edil de Puerto Varas donde daba a conocer el compromiso de las 9 comunas que componen la zona el apoyo al proyecto del relleno sanitario La Laja como una responsabilidad compartida, es decir, término del contrato actual con la empresa privada y ponerlo en manos de la administración pública.
Sin embargo, muchos alcaldes no informaron a sus concejos sobre la carta y la propuesta, generando incertidumbre entre los concejales locales, así fue informado por Antonio Horn, concejal de Puerto Varas.
Por su parte, el concejal, también de Puerto Varas, Marcelo Salazar reflexionó respecto de todo lo que ha pasado porque –dijo- “además del tema judicial, el término de contrato concluye de forma abrupta sin el conocimiento del Concejo Municipal.
La concejal Evelyn Bintrup de la comuna de Llanquihue, señaló que el alcalde de su comuna, no ha planteado en ningún concejo esta situación.
El concejal de Frutillar Ramón Espinoza dijo ver con preocupación la querella presentada por el municipio de Puerto Varas, ya que estas irregularidades, se vienen registrando desde hace varios años
Las preocupaciones se extienden a otras comunas, como Cochamó, donde el concejal Pablo Marín señaló que el traspaso de responsabilidades podría afectar otros proyectos y necesidades sociales.
Cabe precisar que la misiva concluye de manera textual: “la administración transitoria de la Asociación permitirá asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y convertir este desafío en una oportunidad para el bienestar de la comunidad y el futuro del Centro de Tratamientos Integral de residuos. Con esta acción buscamos responsabilidades compartidas, asegurar el cumplimiento de las normas ambientales, proteger la salud pública y el medio ambiente”.
El comunicado de la Asociación de Municipalidades destaca la intención de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y proteger la salud pública y el medio ambiente, pero estas afirmaciones son cuestionadas por varias autoridades locales que argumentan falta de transparencia y posible perjuicio para la comunidad.
