El Gobierno informó que los ministerios de Interior y Justicia ya comenzaron a elaborar el reglamento para habilitar la Ley de Seguridad Privada, iniciativa que fue aprobada hace dos semanas y que establece un plazo de un año para poder entrar en vigor.
No obstante, tras el incidente ocurrido el lunes en Lo Valledor -que dejó a tres personas baleadas, entre ellas un vigilante priado-, el Presidente Gabriel Boric ordenó que dicho reglamento esté disponible en un plazo de tres meses para agilizar la entrada en vigencia de la ley.
El objetivo de la iniciativa es contar con un sistema de control más ágil para poder fiscalizar los servicios de seguridad privada, pero también que existan capacitaciones más exigentes para los guardias y vigilantes que entreguen dichos servicios.
«La regulación, el paso que nos permite dar el reglamento que, en la especifidad de la ley, sí va a establecer criterios más exigentes. Efectivamente, si la ley hubiese estado en funcionamiento y si es que se hubiesen detectado una u otras irregularidades (en el caso de Lo Valledor), las multas podrían partir en su techo más alto», explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
«Pero quiero aprovechar de reiterar en los protocolos y todo eso se determinó que estaba en regla. Otra cosa puede ser la investigación posterior y el rol que la Fiscalía pueda jugar y determinar si es que hubo uno u otros elementos», agregó.
En caso de que se detecten irregularidades en cuanto a la capacitación y formación de guardias privados, la ley contempla multas -en su piso más alto- de hasta 800 millones de pesos.
EFECTOS DE LAS VOTACIONES EN LA AGENDA DE SEGURIDAD
El debate de seguridad también se vive en el Congreso, en medio del ambiente electoral que existe este año debido a los comicios municipales de octubre. En esa línea, desde La Moneda existe preocupación respecto a que el factor votaciones pueda enredar la agenda legislativa en materia de seguridad.
No obstante, el Presidente del PPD e integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Jaime Quintana, aseguró que «tal vez no vamos a despachar la misma cantidad de proyectos que el año pasado, 23, pero sí quedan proyectos muy importantes pendientes, como el Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia, inteligencia económica, entre otros».
«Creo que puede ser al revés, va a ser muy difícil para un parlamentario volver al territorio a pedir apoyo para su candidato a alcalde si no ha hecho la pega en los proyectos de seguridad importante que aún quedan», agregó el senador.
INCIDENTE EN LO VALLEDOR
«No dejar solo al vigilante de Lo Valledor», fue el llamado que hizo este martes la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aceva). Su presidente, Hugo Ibaceta, afirmó que cuestionar la labor del vigilante, al cual se le arrebató su arma en medio de una detención, «es una pésima señal».
Desde el Gobierno apuntan a que quién cometió el delito fue la mujer que arrebató el arma y, según las primeras diligencias del OS-10 -equipo encargado de fiscalizar este procedimiento-, todo se encontraría en regla.
En ese sentido, La Moneda ratificó su primer análisis respecto a que existieron fallas en la seguridad privada del mercado ante esta situación.
ROBO A UN FUNCIONARIO DE PRESIDENCIA
Durante esta mañana se conoció el robo que sufrió un funcionario de Presidencia. Se trata del jefe subrogante del Área Gestión Ciudadana, a quien le sustrajeron su teléfono y sus credenciales mientras se encontraba en la comuna de Ñuñoa, por lo que la PDI inició una investigación por el hecho.
Presidencia confirmó que el funcionario no tiene conversaciones habituales con el Presidente Gabriel Boric, como había trascendido en primera instancia.
Fuente: Cooperativa
