Versiones contrapuestas entre Bienes Nacionales y la delegación presidencial mantienen congelada la decisión de la autoridad de ejecutar o no el desalojo de comuneros que tienen tomado un predio fiscal en el sector de Correntoso, en Puerto Montt.
El terreno, de 611 hectáreas, está tomado desde hace tres años tanto por un particular, en primera instancia, y ahora por comuneros indígenas, situación que ha generado tensión en la comunidad local.
La seremi de Bienes Nacionales, Paula Catalán, comentó que se reunió con representantes de la sociedad civil de Correntoso, agregando que hubo una fiscalización -durante la segunda semana de este mes de julio- al lugar y que se reiteró la petición de desalojo.
Sin embargo, la seremi calificó a los ocupantes ilegales del predio fiscal como “visitantes” y que se está conversando con ellos en base al Plan Buen Vivir, debido a que han argumentado que parte del terreno es un centro ceremonial.
Por su parte, la delegada presidencial, Giovanna Moreira, comentó a Radio Sago que está esperando el informe de fiscalización para determinar si desaloja o no a los usurpadores, trámite que ya habría hecho por Bienes Nacionales.
Cabe mencionar que el diputado oficialista Héctor Ulloa le exigió a la delegada presidencial que ordene el desalojo y así bajar la tensión que hay en el sector de Correntoso.
